El tema, sin duda, ha dado para todo. Algunas voces reconocidas han cuestionado el que la legislación penalice implacablemente a las fritangueras, pero sea laxa frente a delitos mayores, mientras que otros incluso han querido pescar en río revuelto y darle un tinte político al episodio para responsabilizar al presidente Duque y su gobierno. Nada más absurdo.

En todo caso, este singular hecho sirve para hacer varias reflexiones en torno a esos elementos comunes y particulares que nos caracterizan como sociedad.
El primero de ellos el franco desconocimiento de las normas y el poco respeto que se tiene por la Ley.

Normas absurdas existen muchas en el mundo, sin embargo, cuando existe respeto hacia los principios de autoridad del Estado estas son acatadas como un deber ciudadano.
Solo para citar un ejemplo, desde los año 90 en Singapur está prohibido consumir o intentar ingresar al país goma de mascar, esto por el costo que representaba la limpieza de calles y plazas. Infringir la regla equivale a una multa hasta de 500 dólares, más de un millón y medio de pesos colombianos. Si se es reincidente incluso se puede convertir en un asunto punitivo mayor que se pague con detención.
Y ni hablar de casos más extremos como el de Suiza donde se prohíbe hacer descargas en el sanitario después de las 10 de la noche por la perturbación que esto puede significar a los vecinos.

Sin embargo, en Colombia so pretexto de la defensa de los derechos y las libertades individuales, cada quien hace lo que mejor le parece sin importar si su comportamiento vulnera los derechos del otro.

El código de policía que, dicho sea de paso,  fue sancionado por Juan Manuel Santos, introdujo infracciones más que justas cuando de tratar de poner orden y prevenir alteraciones a la convivencia ciudadana se trata.

Pero claro, debe haber disgusto porque en nuestro limitado nivel de civilización y educación ciudadana o lo que comúnmente conocemos como lógica ´chibchombiana´, no cabe el que un agente de Policía nos multe por compartir los gustos musicales con el vecindario al límite de lo que el volumen del equipo de sonido permita o por miccionar en la calle, a la vista de todos, cuando es una necesidad humana.

Y como se trata de un asunto de educación. Pocas veces a los ciudadanos se les habla de la apropiación y cuidado de lo público, cosa en la que los europeos y norteamericanos nos llevan años de ventaja.

Lo público, incluidos los presupuestos oficiales, son de todos y al ser de todos resultan ser de nadie, por eso su uso indebido se naturalizó en nuestras urbes y para el caso de los espacios callejeros el peatón pareciera ver como algo normal el que deba lanzarse a la calzada vehicular porque las ventas informales convirtieron los andenes en locales al aire libre.

Entonces criticamos la corrupción, nos rasgamos las vestiduras frente a la moral pública, nos hiere el que el fruto de nuestros impuestos se derroche, pero desde la orilla que nos corresponde fomentamos la ilegalidad, porque ocupar el espacio público o comprar en la calle no es algo tan grave, aunque la ley lo sancione.
Se acostumbra a los niños a orinar en cualquier parte y se ve como algo inocente, se toman dos cervezas y van al volante desafiando hasta las leyes de la naturaleza, porque quién se va a dar cuenta y existen 50 mil razones para resolverlo con el oficial de tránsito si es que caemos en un puesto de control.

Así las cosas, el asunto no se reduce al gusto por las empanadas y tiene para ponerlo en términos gastronómicos mucho más ají: es una cuestión de esforzarnos por hacer lo correcto.

No es suficiente cuestionar los ánimos belicistas y generar opinión pública a favor de la paz, si en los aspectos más básicos de la convivencia con el otro fallamos.
Cuánta razón tenía entonces un revolucionario latinoamericano como Benito Juárez al afirmar categóricamente que el respeto al derecho ajeno es la paz.