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Seguridad y protesta social

La protesta social hoy goza de cabal salud, la sociedad no puede dejarla infectar de los intereses politiqueros y electorales, menos de los violentos.
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11 Oct 2020 - 9:35 COT por Ecos del Combeima

Siempre he reiterado que la seguridad es un valor de la democracia que garantiza el ejercicio de las libertades colectivas e individuales, que debe ser la seguridad un garante de derechos, máxime en aquellos que los ejercen en legalidad, respeto por los demás y en el reclamo justo de estos o de las injusticias, vengan de donde vengan. 

La libertad como un derecho garantizado por la seguridad, comporta también obligaciones las que nacen en el goce efectivo de las libertades de los demás, no podría haber una libertad plena sino hay un respeto pleno por el otro. El disenso es también otro precepto que garantiza el enriquecimiento de la democracia, la contradicción basada en el argumento, la discusión sana y legal construye sociedad.

Por eso, bajo ninguna circunstancia debe permitirse la violencia, ni por actores ilegales, ni por aquellos que, disfrazados de inconformes, vandalizan el ejercicio de la libre protesta, protegida por la constitución y la ley. 

Esta crisis nos traerá graves consecuencias económicas, sobre todo en sectores sociales muy afectados con la generación de ingresos, por ende, una alta taza de inseguridad que se reflejará en delitos comunes como el hurto y la extorsión, estas consecuencias serán mucho más agudas en las zonas urbanas, pues las rurales se han convertido en las “zonas limpias”, de producción agrícola, ambiente sano, generación de recursos y sobre todo tranquilidad.

Es increíble la evolución del fenómeno social de inseguridad en nuestro país, que pasó de lo rural a lo urbano y con características absolutamente distintas, eso sí, ambos alimentados por la inequidad y la injusticia social. 

La protesta social hoy goza de cabal salud, la sociedad no puede dejarla infectar de los intereses politiqueros y electorales, menos de los violentos, hoy más que nunca la movilización social debe ser el instrumento pacifico ejemplarizante, unos pasos que reafirmen una conciencia social colectiva sobre el país que soñamos, queremos y debemos construir con hechos tangibles y realidades contundentes, no con discursos y arengas, que no construyen sino generan más división y odio en el país. La seguridad y la protesta social deben ir de la mano para garantizar el sagrado derecho de la libertad.

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Porque trabajar menos horas no significa producir menos. Significa producir diferente. Las empresas que han logrado sostener sus resultados con jornadas reducidas son las que dejaron de medir el desempeño por el tiempo que la gente permanece en el negocio y empezaron a medirlo por lo que realmente ocurre en ese tiempo.

Regiones Administrativas y de Planificación, que sin haberse desarrollado plenamente, parecen haberse quedado cortas por muchas razones; entre otras, por la misma centralización administrativa y económica que tiene hoy Colombia.

El departamento necesita una agenda común. Una agenda que incluya las vías rurales, la conectividad, el desarrollo agropecuario y la agroindustria, el turismo, la educación superior, el empleo, la seguridad, el agua y la competitividad.

El tic tac de la implosión Barretista pareciera estar acercándose al minuto cero, y lo peor de todo es que se ven más precandidatos que propuestas serias y concretas para el departamento, que, tras casi 16 años de gobierno conservador, no ve cambios ni transformaciones de fondo.

Este resultado no es producto de la casualidad. Es consecuencia de un ambiente de mayor confianza para invertir, producir y generar empleo.

El principal problema surgió por las facultades que el gobierno pretendía otorgar a la ANT. Varias disposiciones generaban preocupación porque podían reducir el papel de los jueces dentro de los procesos agrarios.

Le pido a Dios, que me acompañe en esta tarea y que pueda hacer todo de sí, en beneficio de mi país. Y como dicen en la linda tierra que me acogió cuatro años, “arrieros somos y en el camino nos vemos”.

Las medidas cautelares adoptadas por el Consejo de Estado, en el estudio de la demanda contra el decreto mediante el cual se fijó el salario mínimo para el año 2026, solo confirman una cosa: la ligereza que ha caracterizado a este gobierno cuando de sustentar legalmente sus actuaciones se trata.

¿Cómo es posible que, a pesar de contar con presupuestos, políticas y documentos que advierten sobre la importancia de tomar medidas, aún no tengamos campañas bien estructuradas para reducir el consumo de agua?

Hemos sido engañados, por altos estamentos nacionales quienes desconocen y pretenden minimizar las grandes falencias de este “antisistema de salud” fundamentado sobre la intermediación financiera.