Va siendo tiempo de que el Gobierno nacional y el Ministerio de Transporte revisen los términos de su relación con los particulares a quienes han concesionado ciertos derechos sobre un activo público tan importante en términos de competitividad y desarrollo como las vías del país. 

La primera sorpresa del año se la llevaron los conductores y usuarios frecuentes de la autopista Bogotá - Villavicencio, con el anunciado incremento en el precio de peajes, forzando el cumplimiento de obligaciones pactadas en contraprestación al desarrollo de obras que jamás llegaron a feliz término, tal y como ocurrió con el puente Chirajara. 

La presión ciudadana y el acompañamiento de las autoridades públicas en la región fueron determinantes para echar atrás las  desproporcionadas alzas, que por donde se les mire resultan un despropósito. Cuando la historia que ocupó la agenda informativa parecía eclipsarse, surgió otra audaz iniciativa, esta vez de la concesión Alternativas Viales: imponer el cobro sobre el derecho de uso del carreteable en el trayecto Armero - Líbano, en el Tolima. 

Audaz y ventajoso movimiento justificado, según ellos, en la ejecución de las obras sobre el corredor Líbano - Murillo - Manizales, proyecto del que se habla hace tiempo y en torno al cual se ciñen más dudas que certezas, sin que todavía se mueva la primera piedra.

Pretendían silenciosa e inmisericordemente meterle la mano en el bolsillo a los transportadores y llenarse los suyos, frente al impacto económico que ha dejado la pandemia en esas economías locales. Pensar en el pago de 11.300 pesos por trayecto es abusivo cuando como denuncian líderes de los municipios comprometidos, en algunos tramos, solo en el carreteable Armero - Líbano no se goza de óptimas condiciones  y tampoco se evidencia el mantenimiento de la concesión. 

El proyecto fantasma, envuelto en una maraña legal termina por sitiar a campesinos y agricultores a quienes generosa y desprendidamente se les propone un pago diferencial de 5. 500 pesos para salir y otra cantidad semejante para retornar a sus localidades. 

Pero el impacto no es sólo para quienes cuentan con un vehículo propio. Es apenas natural que el servicio público de pasajeros deba contemplar ajustes en sus tarifas en detrimento de los ingresos de la comunidad. 

Bienvenidos los cobros cuando las carreteras estén puestas al servicio de los ciudadanos, gustosamente los pagaremos. Pero imponer talanqueras para capitalizar a particulares o hacerles el favor para que puedan desarrollar las obras que son una obligación del Estado resulta un modelo desigual, injusto y vulgar en el que se disfrazan intereses colectivos para beneficiar a privados. 

Aunque la comunidad ganó un primer pulso frente a Alternativas Viales no es momento para bajar la guardia, al contrario, esta victoria temprana debería convocar con más fuerza la solidaridad de todos los habitantes del norte del Tolima. 

También habría de motivar posiciones vehementes, claras y categóricas, de alcaldes y dirigentes políticos de la región en defensa de los derechos de quienes a través del voto les han otorgado su representación. No puede resultarles más preocupante la legítima protesta que el cobro de un peaje sin fundamento alguno. Que en nombre del progreso no se termine secuestrando la libre circulación de los ciudadanos, la economía y las oportunidades ya de por sí limitadas por las circunstancias actuales.