Hace un año el vocero de la ONU expresaba que el embarazo adolescente era una fábrica de pobres, frase fuerte y podría resultar hasta ofensiva, pero tristemente muy cierta toda vez que robustece la pobreza al incrementar el abandono escolar y reduce oportunidades de obtener empleos bien remunerados. Según el Dane, en población de 14 a 19 años, Colombia tuvo un crecimiento del 6,3% de embarazos adolescentes en 2021 y del 22% en niñas menores de 14 años;  en zonas rurales, el 63% de las niñas entre 10 y 14 años que tienen hijos abandonan el estudio, Ibagué por su parte, reportó 241 embarazos adolescentes durante el 2021 al cierre del pasado mes.

Conocí el caso de una niña de 13 años, hija de campesinos muy humildes de una vereda del Tolima, todos analfabetas y cuidadores de una finca. A esta niña, un recolector de café la violó y la embarazó.  Hace 4 meses nació prematuro su bebe a causa de una preeclampsia, y presentó labio leporino y un síndrome que impide su crecimiento. La niña y su hijo están bajo protección del ICBF; conocer su caso no solo aterra y entristece, sino que evidencia la profunda inequidad en la que aún vivimos. El caso de esta niña no es aislado y en ella se expresan varias situaciones de violencia contra la mujer, como violencia sexual, desigualdad, exclusión, vulnerabilidad, falta de educación, entre otras.

El pasado 11 de octubre se celebraba el día de la niña, declarado por la ONU en el 2011 y que pretende contribuir a  lograr el cumplimiento de los ODS  ( objetivos de desarrollo sostenible) para el 2030, en donde la igualdad de género es transversal a los 17 objetivos de la agenda, pues empoderando a las mujeres, garantizando los derechos de mujeres y niñas, se puede llegar a tener una sociedad con justicia e inclusión con economías que funcionen para todos los ciudadanos asegurando las generaciones futuras.

Las niñas y adolescentes tienen derecho a una vida saludable, segura y educada, para que esto sea una realidad, existe una hoja de ruta en la que cada gobierno ha venido incorporando planes para asegurarla, sin embargo, el camino aun es muy largo y la pandemia nos alejó mas de la meta y por el contrario contribuyó a que se incrementaran los casos de violencia contra niñas y mujeres, incrementó la pobreza y la desigualdad. Ante esta triste realidad, es prioritario invertir en  educación sexual integral,  que involucre acceso y conocimiento de métodos anticonceptivos, capacitación a padres, madres, profesores y cuidadores, educar para que haya cambios culturales y que la maternidad no sea el plan de vida de las niñas, que las familias promuevan unas conversaciones diferentes con sus hijos que ilustren la responsabilidad que se debe asumir frente a las relaciones sexuales, en donde el amor y la  confianza sea el eje fundamental. 

Para que la vida de muchas niñas sea diferente, deben tener la posibilidad de acceder a herramientas educativas, tener el conocimiento y acompañamiento para poder denunciar y poder descifrar situaciones de riesgo. Para que esa falta de oportunidades y de control sobre sus vidas no siga alargando las cadenas de pobreza, es indispensable enfocarse en resolver los problemas que la generan.  El caso de la niña de 13 años y su hijo tiene atención y ayuda gracias a la solidaridad y amor de una persona que los acogió; si desean ayudar pueden ponerse en contacto conmigo para dirigir sus ayudas a la persona que lidera la causa.

Esperemos que la niña y su hijo tengan ayuda estatal y que logren capturar y judicializar al violador. Roguemos porque esta cifra de embarazos adolescentes no siga creciendo para que tengan un futuro con menores dificultades y mayor desarrollo como mujeres, educándose y logrando cumplir sus sueños, alejándose de abusos, maltrato, inequidad y pobreza. Me gustaría saber cómo abordarán este asunto los candidatos que empiezan a lanzar sus campañas de cara a las elecciones del próximo año teniendo en cuenta el impacto negativo  en la vida de las niñas, sino que también es un problema de salud pública que involucra enormes costos para el Estado que, según un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, es del  0,35% del PIB, y que no prevenir el embarazo adolescente en el 2018, tuvo un costo para Colombia de 5.1 billones de pesos.