Uno de los temas de discusión en la actualidad, gira entorno a la modificación que se aprobó en el Congreso de la República  sobre la la Ley de garantías, norma que prohíbe a los gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de Entidades Estatales del orden municipal, departamental y distrital celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos y parcialmente,  la celebración de contratos de prestación de servicios durante los cuatro (4) meses anteriores a cualquier elección.

Entonces, mediante el artículo 125 de la Ley de Presupuesto General de la Nación para el 2022 se aprovechó para reformar la  Ley 906 de 2005 de garantías electorales. El cambio consiste, en que a partir de la publicación de la Ley y durante la vigencia fiscal 2022, la Nación sí podrá celebrar contratos interadministrativos con la entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al presupuesto general; puntualmente solo se levanta esta prohibición, las demás prohibiciones de la Ley de garantías se mantienen, adicionando que debe realizar un control especial de la ejecución de esos recursos por parte de la Contraloría General de la República.

La controversia surge porque se considera una reforma inconstitucional e ilegal, ya que a través de una ley especial se modifica una disposición contenida en una ley estatutaria. ¿Cuál es la jugada?, pues que la ley estatutaria tiene control previo de Constitucionalidad y la ley de presupuesto no, por lo que esta  entraría a regir una vez la sancione el Presidente y sea publicada. En este orden de ideas, como la ley de presupuesto no tiene control previo, debe ser demandada en acción de inconstitucionalidad ante la Corte, y mientras se surte el trámite de la demanda ya se han realizado las elecciones para Congreso y Presidente. 

Según el Gobierno Nacional, el motivo por el cual se modifica la Ley de Garantías mediante la Ley de presupuesto, obedece a la reactivación económica, puesto que se pretende, que a través de los convenios interadministrativos se le inyecte, desde la nación, recursos a las regiones y a su vez los departamentos con los municipios. Sin embargo, los detractores de la iniciativa aducen que se va utilizar para presionar a los gobernantes de turno con recursos públicos para el apoyo a candidatos presidenciales.

Lo cierto es, que independientemente de la “buena intención” con la que se haya hecho esa modificación a la Ley de Garantías, deja un sin sabor la forma en la que se hizo, lo que indudablemente generará suspicacia en la opinión pública.