En primer lugar, tenemos que distinguir como mínimo dos momentos políticos diferentes, la candidatura y el gobierno. No para caer en trampas retoricas, repitiendo viejos y desgastados argumentos como ese de que los políticos prometen cosas en campaña que nunca cumplen, sino para poder indagar con mayor profundidad sobre las razones reales de fenómenos como el incumplimiento, el cambio de rumbo y, en general, otras dinámicas de la política que generan desilusión.

Siendo así, hay que poner sobre la mesa dos definiciones fundamentales. Primero, la estridencia de la campaña. En este primer momento el peso de la responsabilidad real no había caído aún sobre los hombros del actual gobierno. Teníamos un candidato, hábil en su uso de la oratoria, versado y gran conocedor, que parecía ser el mesías que el pueblo colombiano estaba esperando. Sin embargo, por muy bien intencionadas que las propuestas de “la vida” hayan sido, tarde o temprano iban a enfrentarse a la realidad del gobierno.

En el segundo momento, en el actual, sí existe una responsabilidad adquirida por Petro y su gabinete como gobierno, y aquí es donde el ejercicio del deber ser y el querer ser se tornan un poco gaseosos. ¿A qué me refiero con esto? 

Los debates académicos actuales en cada ámbito de las políticas públicas han llegado a conclusiones similares a las propuestas por el presidente, teniendo muchas de estos experimentos prácticos ya exitosos. Por ejemplo, en cuanto a la reforma tributaria, los impuestos verdes, aquellos aplicados a ítems como los plásticos de un solo uso y el combustible, han sido tendencia en algunos países como Francia, Canadá o Suecia. Sin embargo, ello no significa que su aplicación sea apropiada en el contexto colombiano pues el incremento en los precios de combustible, en un país sin sistemas de transporte de carga alternos, aumentará sí o sí el precio de los productos. 

Debo insistir, por muy buenas que sean las intenciones del gobierno, puede que en varias ocasiones no encajen, como una ficha de rompecabezas que no corresponde, con la realidad política del país. Siendo así, las prioridades establecidas por el gobierno actual, como su ambicioso proyecto social en temas de minorías, mujer y justicia social, pueden verse opacados por una realidad política, local y regional, como lo es la incipiente crisis económica, la inflación incesante, la crisis en seguridad y la pérdida de soberanía interna, y demás situaciones con carácter de urgencia.

Ahora bien, ya para ir concluyendo. Con lo anterior, no quiero decir que la agenda social del gobierno no deba ser prioridad; por el contrario, es uno de los mayores focos de violencia que se deben superar para conseguir la “paz total” propuesta por el gobierno y deseada por todos. Lo que quiero dejar como conclusión es que, como muchos dicen, una cosa es prometer y otra gobernar, no porque se haga con mentira, sino porque los contextos cambian y las soluciones deben ajustarse a estos, no la realidad a las soluciones propuestas.