Aunque algunos gremios cuestionaron en su momento la propuesta presidencial de revivir los llamados mataderos municipales para contrarrestar el monopolio de los frigoríficos en Colombia, que han venido sometiendo, según el mandatario, la oferta campesina por cuenta de entidades como el Invima, que cerró la mayoría de plantas de sacrificio animal, proveedoras de pueblos y veredas, mientras los frigoríficos y su monopolio, imponían en Colombia, precios y condiciones equiparadas al comercio internacional.

El Invima quien para el año 2007, y amparado en el decreto 1.500 que reglamenta la vigilancia los productos cárnicos en Colombia, inició un proceso de depuración y clausura de mataderos, hasta cerrar cerca del 60% de esas plantas en todo el país; muchas de ellas con sobrada razon, pues no cumplían siquiera con los mínimos requeridos, y eran básicamente cloacas y fuente permanente de contaminación.

Hoy son 270 plantas de beneficio animal vigentes y activas en todo el país las que cumplen todos, o por lo menos gran parte de los requisitos de ley, y que surten tanto el mercado nacional como el internacional, y por ello se dice, que tal como se está haciendo con la gasolina, quieren suplir el mercado local de la carne, bajo las mismas condiciones del mercado internacional.

Antes de cualquier cuestionamiento, sería importante, además de escuchar al presidente, tratar de entenderlo e interpretarlo, pues su propuesta está más allá de la forma como se dijo, porque su intención es muy valida cuando vemos que la carne en Colombia se volvió un artículo de lujo, y no es para menos, pues ni modo de comparar la capacidad adquisitiva de un colombiano promedio, con un Emiratí o un habitante de Hong Kong por ejemplo, que son algunos de los destinos de exportación de la carne bovina de origen colombiano. No faltaba mas, que Egipto como principal destino exportador, fuera desatendido por atender mercados locales como el nuestro, por ejemplo, donde la miseria y el desempleo nos acosa tanto, que el tolimense promedio consume una o máximo dos comidas diarias, y la tercera parte de su población escasamente come carne, cuando cumple años o bautiza un nuevo miembro de su familia.  

No se trata de desatender mercados, se trata de revisar las reglas de juego, la normatividad vigente , como sugiere el propio Presidente de la República, y en ese ejercicio, diferenciar las plantas de beneficio animal dedicadas a mercados internacionales y aquellas destinadas a suplir un mercado local, donde no necesariamente debe ser una planta por municipio, como se recomendó, pero si una planta para un grupo de ellos, como se pensó originalmente en los estudios de regionalización y racionalización de las plantas de beneficio animal, realizado hace más de una década, como soporte de la ley 1.500 del 2007.

No era necesario ir contra la propuesta, lo que tenía que haberse hecho según lo  recomendado por el presidente Petro, era la revisión y ajuste de esa ley, hasta diferenciar las reglas de juego para un mercado internacional, y una un poco más  flexible, para su mercado natural, donde con algunas normas mínimas de sanidad y salubridad se auspiciara el desarrollo de plantas pequeñas y medianas, sostenibles gracias a factores de mercado y proveeduría bovina, y viabilizadas al conjugárseles con las distancia de los centros poblados y el consumo per cápita subregional.

Estudio de regionalización y racionalización de plantas de beneficio animal que bien podría revisarse y ajustarse, para dar repuesta a las inquietudes presidenciales relacionadas con el precio de la carne, que hoy atenta contra la calidad de vida y seguridad alimentaria de muchos colombianos, que simplemente optaron por no consumirla, sin entender que podría obedecer a una política alimentaria equivocada, gestada desde el mismo gobierno nacional. 

El Tolima en su momento fue departamento piloto en la construcción e implementación de esa política pública, y de allí y de la mano del Ministerio de Medio Ambiente, Planeación Nacional, Ministerio de Agricultura, el Invima, y la Agencia regional de Cooperación ARCO, se desarrolló también en otros 8 ó 9 departamentos, hasta encontrar el soporte legal, económico, ambiental, jurídico y técnico, suficiente para justificar y promulgar la ley 1.500, de la que habla el presidente Petro.

Hoy en el país, la situación es mas bien urgente, pues algunas plantas de beneficio animal existentes, tienen mucho cuestionamiento por su manejo medio ambiental, tratamiento de aguas residuales, estándares de calidad y viabilidad económica; algunas de ellas, no se han cerrado por que simplemente los mercados locales colapsarían y se empeoraría la situación, que el mismo presidente Petro trata de replantear.