En medio de la continua retórica del Presidente Petro a través de sus redes sociales, ha estado utilizando un par de términos que sería bueno analizar: “lawfare y golpe blando”. El primero,  es una guerra política por la vía judicial-mediática, con intereses económicos y políticos ocultos a la opinión pública, y el segundo, hace referencia al uso de un conjunto de técnicas no frontales y principalmente no violentas de carácter conspirativo, con el fin de desestabilizar a un gobierno y causar su caída, sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder.

Lo anterior nace de la confrontación que el Presidente tiene o tenía con el saliente Fiscal Barbosa, debido a las investigaciones que la fiscalía adelanta en contra de su hijo Nicolás por recibir, presuntamente, dineros de narcos para la campaña presidencial; como consecuencia, la fiscalía advirtió que deberían iniciarse investigaciones a las cuentas de la campaña, cosa que irritó a Petro
 y por la cual, empezó a presionar a la Corte Suprema de Justicia para que eligiera lo más rápido posible al nuevo Fiscal. Fiel a su estilo incendiario y demagogo, el presidente convocó a una marcha para amedrentar a los magistrados, pero cuando se salió de control, quiso lavarse las manos diciendo que él garantizaría la seguridad de los miembros de la Corte. 

El Presidente con su selectiva memoria, olvida que la Corte siempre se ha tomado su tiempo para elegir Fiscal General de la Nación, repasemos: para elegir a Mario Iguarán, la Corte realizó cuatro rondas de votación, posteriormente, se tardaron 16 meses y 3 rondas de votación para elegir a Vivian Morales, teniendo como encargado a Guillermo Mendoza; para elegir a Eduardo Montealegre la Corte se tardó 3 semanas y 11 rondas de votación; la elección de Néstor Humberto Martínez tuvo 4 rondas de votación que tardaron 4 meses y para elegir a Francisco Barbosa se necesitaron 8 meses y 5 rondas de votación. En este sentido, la Corte siempre ha obrado de la misma manera, no con el propósito de “perjudicar” al gobierno del “cambio”.

Los riesgos y conspiraciones del Presidente Petro nacen de él, su gobierno, su familia y su partido: Los presuntos dineros del narcotráfico recibidos por su hijo para la campaña, los errores del canciller en la licitación de pasaportes, la negligencia de los juegos panamericanos, la pérdida de 70 mil millones de vacunas y no hacer pagos al sistema de salud para colapsarla, la fracasada paz total que permitió que los grupos ilegales crecieran en un 20% en el último año, la reducción del presupuesto para la gestión del riesgo y la no preparación ante el fenómeno del niño, y el derroche de la primera dama y la Vicepresidenta,  es una prueba de ello. 

La victimización del Presidente diciendo que estamos ante un Lawfare o un golpe blando, es la distracción que le plantea a la opinión pública para esconder su incapacidad y la de su equipo de gobierno por la evidente falta de idoneidad y de resultados. Petro ha demostrado que poco le importa la separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos del Estado. Sigue “gobernando” con el espejo retrovisor y permanentemente pone en riesgo la institucionalidad del país.