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"Es inaudito que Cortolima no tenga registrado el Volcán Guacharacos": Procurador Agrario

<p>Ernesto Cardoso se defendi&oacute; por la poca gesti&oacute;n de las autoridades en la protecci&oacute;n de los cerros tutelares y anunci&oacute; desempolvar los fallos judiciales de las acciones populares.</p>
9 Abr 2016 - 18:37 COT por Ecos del Combeima

En las últimas semanas Econoticias lidera una investigación ante las irregularidades que el nuevo POT ha generado con respecto las zonas de mitigación de impactos ubicadas en las laderas de los cerros tutelares de la ciudad donde se modificó una parte de la concertación ambiental con Cortolima. En este análisis se descubrió que en el articulado quedó estipulada una zona de protección de 300 metros de ancho por más de 19 kilómetros de largo mientras que en el Mapa de Suelo Rural R2 sí quedaron delimitados los 500 metros de espesor que inicialmente se concertaron con Cortolima quedando además incluida como Zona de Protección ambiental a pesar de no haberse nombrado en la estructura ecológica principal. 

Econoticias verificó que en el POT del año 2.000 existían dos zonas llamadas “Áreas Propuestas Para Distritos de Conservación de Suelos y Manejo Integrado de los Cerros Tutelares”, una ubicada en el corregimiento 10 de Ibagué en los cerros noroccidentales y nororientales con más de  2.096,15 hectáreas y la otra en el corregimiento 16 en los cerros de la Martinica con 886,23 hectáreas; sin embargo en el nuevo POT misteriosamente el tipo de uso de los cerros del corregimiento 10, es decir el norte de Ibagué, se convirtió en un Distrito de manejo integrado diferente al distrito de conservación de suelos que se mantuvo de acuerdo al POT de hace 15 años, es decir que mientras se sigue prohibiendo la parcelación de vivienda aislada para vivienda campestre en la parte alta de la Martinica, por primera vez en la historia de la ciudad se abre la posibilidad a estos desarrollos campestres y vivienda aislada en los cerros noroccidentales y nororientales de Ibagué a pesar que siguen siendo ambos conservación ambiental como lo refiere el Plan de Ordenamiento Territorial en sus casi 88 mil hectáreas de zonas protegidas; ante esto surgen varios interrogantes: ¿por qué siendo parte de la misma estructura montañosa y con más del doble de hectáreas en el norte que en el sur de Ibagué en los corregimientos 10 y 16, los cerros noroccidentales y nororientales perdieron su calidad de zonas protegidas para la parcelación de viviendas aisladas, mientras que en la Martinica como debe ser aun conserva su carácter de templo de la ecología sin urbanizadores? ¿ se estará favoreciendo de alguna manera a algunas constructoras o propietarios de tierra que quieren desarrollar sus proyectos en amplias zonas del norte de Ibagué? ¿ Por qué se incluyó  también en los suelos de aptitud agropecuaria baja de Ibagué la palabra vivienda campestre a pesar que la reglamentación nacional agraria la prohibe en sus decretos 097 del 2006, 3600 del 2007 y 1469 del 2010?.

Uso de la vivienda campesina frente a la vivienda campestre 

Por otra parte el artículo 395 define las viviendas campestres en Ibagué y dice que “Corresponde a la edificación destinada al uso residencial que se localiza en suelo rural, en predios donde no predominan los usos rurales propios del suelo. Los inmuebles destinados a vivienda campestre no se clasifican como edificaciones de apoyo a la producción agropecuaria, y son producto de la demanda urbana de los servicios ambientales y paisajísticos del área rural”, lo cual no encaja con la denominación que algunos constructores han querido dar como “granjas y agroturismo” a sus proyectos de urbanización, pues estos conjuntos residenciales corresponden a una demanda hedonista de los adinerados de la ciudad y de ninguna manera cumplen la función de apoyo a la producción agropecuaria, argumento que cierra de tajo la posibilidad jurídica de habilitar polígonos para vivienda campestre donde predoniman los usos rurales del suelo.  

Otro aspecto que Econoticias está auscultando es el verdadero nombre de la quebrada Guacharacos la cual nunca ha sido incluida en los mapas de Ordenamiento Territorial de Ibagué y mucho menos en el Pomca del río Coello y por qué además le asignaron este importante nombre a una pequeña quebrada la cual nace frente al Mercacentro número cuatro y pasa frente al conjunto residencial Praderas de Tierra Linda sobre la avenida 60 antes de llegar al centro comercial la Estación, y que era conocida hace 15 años como "Los Pañuelos", fecha en que se abrió la Variante de Ibagué y se descubrió el volcán Guacharacos de la vereda Cañadas Potrerito. 

Sobre esta investigación en pro de la protección de los cerros tutelares de Ibagué se han pronunciado importantes personajes entre ellos, el ministro de Vivienda, la ecóloga Gloria Beltrán , el senador Antonio Navarro Wolf, el presidente de la Lonja Tolima, el geologo David Galindo, el ex presidente de la Cámara de Comercio, Jaime Leguizamón, entre otros, y todos han coincidido que es imperativa la necesidad de regular la normatividad del POT a favor de la conservación de los cerros tutelares. 

“Luis H. Rodríguez afirmó que el procurador Ambiental  estaba en función del dinero de las multinacionales”: Ernesto Cardoso 

El procurador Ambiental y Agrario del Tolima, Ernesto Cardoso, se sumó a esta lista pidiendo aclarar una mención que se hizo en días pasados sobre él en donde se cuestionaba su supuesta falta de gestión ambiental en comparación a la del personero Isaac Vargas, por lo cual refirió que “comparar la gestión de un funcionario público con otro no es responsable, no se puede juzgar tan fácil una función pública tan importante y decir a la ligera que estoy al servicio de las multinacionales mineras de la región, la opinión pública conoce que tengo una querella en contra del alcalde Luis H. Rodríguez quien en un evento público afirmó que el procurador Ambiental y Agrario del Tolima estaba en función del dinero de las multinacionales y no de los recursos naturales del departamento, lo cual es un delito llamado injuria agravada”. 

En cuanto al tema de los cerros tutelares aseguró que “en primer lugar la ciudadanía en conjunto con sus dirigentes deben establecer qué tipo de desarrollo quieren para Ibagué. Existe una acción popular fallada que está en comité de verificación y que se refiere a los cerros noroccidentales de la ciudad, la realidad es que en tres años y medio he participado en dos audiencias en las cuales no se ha avanzado absolutamente nada, el cumplimiento de la decisión judicial no se ha cumplido por lo cual debemos solicitarle al juez que compulse copias a las autoridades como Fiscalía y Procuraduría para efectos de control en relación con el incumplimiento reiterado y evidente de la decisión judicial, este acción se considera como desacato y puede generar una suspensión del funcionario responsable. Mi gestión en este tema no ha avanzado porque la Procuraduría Ambiental está sujeta a esta decisión y mientras no pase por la verificación estamos con las manos atadas, es el juez quien debe definir las acciones pertinentes”. 

"En el tema de los cerros tutelares existen intereses personales": procurador Ambiental del Tolima 

Ante la polémica que se ha desatado frente a la parcelación en zonas de mitigación de impacto y la reducción de 500 a 300 metros que se presentó al momento de decretar el POT, Ernesto Cardoso puntualizó que “como ya lo mencioné lo primero que se debe hacer es definir cuál es el desarrollo que quiere y necesita la ciudad, en segundo lugar plantear cómo se va a conseguir este desarrollo, a partir de esto creo que lo que sigue es demandar el decreto de reducción ante la jurisdicción contenciosa y solicitar la suspensión provisional, esto debido a que desde la Procuraduría se intentó mediar entre Cortolima y la Administración pero esta gestión falló ante la negativa de Jorge Enrique Cardoso, director de Cortolima”.  

En este sentido además añadió que “es inaudito que la autoridad ambiental no tenga registrado el Volcán Guacharacos y le esté cambiando de nombre a las fuentes hídricas. Las decisiones que se han tomado obedecen a ciertos intereses personales cuando lo que debe primar es el desarrollo de la ciudad en beneficio de los Ibaguereños, si se parte de ese criterio mayor que infortunadamente se está pasando por alto, el tema del uso del suelo es hoy elemental para cualquier política ambiental y el desarrollo integral de una región, por lo cual es objeto de los mayores intereses políticos, económicos y sociales que en este momento están creando toda esta confusión entre la población y destruyendo la credibilidad y la confianza en sus dirigentes”. 

Al respecto el analista y ambientalista Jorge Palacios coincidió con el procurador aseverando que “estoy de acuerdo con el doctor Cardoso en que se debe definir primero qué clase de desarrollo se quiere para la ciudad, sin embargo el modelo ambiental y de preservación es prioritario, por lo cual el silencio de Jorge Enrique Cardoso es inquietante, desde la comunidad hacemos un llamado para que el director de Cortolima analice las denuncias que hemos venido planteando en las últimas semanas y se pronuncie frente a la urbanización que se viene adelantando en las zonas de mitigación de impactos y zonas agropecuarias de las faldas del domo dos del Volcán Guacharacos”. 

La Procuraduría frente a las consultas populares mineras 

Ante la decisión del Consejo Superior de suspender las medidas cautelares que le daban facultad absoluta al Gobierno Nacional sobre la regularización del suelo en cuanto a las actividades mineras, el procurador fue contundente al afirmar que “ese decreto que salió en diciembre siempre fue observado por la Procuraduría como ilegal, al ser suspendido provisionalmente entramos a regirnos por el artículo 37 y 38 de la Ley 685 de 2001 que señala que ninguna autoridad regional, seccional  o local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería, por lo cual no se pueden incluir en los POT, la sentencia más reciente sobre el tema por parte de la Corte Constitucional 123 del 5 de marzo del 2014, confirmó que el artículo 37 de la Ley 685 está conforme a la Constitución, resolvió en su criterio que la vía para solucionar el conflicto entre el orden nacional y regional era la concertación entre ambos antes de definir una política”.  

Ante los comentarios realizados por varios ambientalistas sobre la supuesta persecución que la Procuraduría Ambiental y Agraria ejerció frente a las consultas mineras en el departamento, Ernesto Cardoso aclaró que “desde la Procuraduría nos regimos al cumplimiento de la ley y ejercemos una función preventiva, en donde advertimos que existe una legislación que se debe respetar”. 

Ante la idea de adelantar una consulta minera liderada por el gobernador del Tolima y los 7 alcaldes que integran el Pomca del río Coello para definir el futuro de la mina La Colosa, el procurador Ambiental explicó que “en este momento sería ilegal bajo el artículo 35 de la Ley 685, pero esto no quiere decir que no se puede hacer, para eso existen recursos legales, pero la opinión pública debe entender que la Procuraduría no persigue, simplemente vela por el cumplimiento de la ley”.