En su rol de autoridad nacional de protección al consumidor, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. (Claro), tras comprobar que la empresa incurrió en publicidad engañosa, teniendo en cuenta que difundió información incompleta e inexacta sobre las condiciones de acceso al servicio de internet fijo con tarifa social, lo que produjo "error, engaño y/o confusión a los usuarios".

Con base a ello, la Superindustria sancionó a la compañía con una multa de dos mil cuatrocientos sesenta y tres millones de pesos ($2.463.000.000).

Así las cosas, la autoridad nacional estableció a través de un comunicado que el operador no cumplió con la obligación de divulgar la información de la oferta, como:

•    Estaba dirigida a ciudadanos de estratos 1 y 2 y a beneficiarios de la Ley 1699 de 2013 (pensionados de la Fuerza Pública con discapacidad y los sobrevivientes de integrantes de las Fuerzas militares o Policía Nacional, fallecidos por hechos o actos ocurridos por causa y razón del servicio, por acción directa del enemigo o en combate).
•    Solamente está dirigida a usuarios nuevos, es decir, que el titular y los miembros de su núcleo familiar no hubieran contado con servicio de internet fijo dentro de los 6 meses anteriores.
•    Que las tarifas fijas del servicio de internet fijo correspondían a $8.613 (estrato 1) y $19.074 (estrato 2). 

Ante dicha situación, la empresa Claro incurrió en la omisión de la información lo que generó confusión en la ciudadanía, teniendo en cuenta que no se difundió información esencial y determinante que le permitiera a los usuarios para que tuvieran elementos suficientes para decidir de manera razonable. 

Por lo anterior y tras el análisis de las evidencias, la Superintendencia de Industria y Comercio pudo establecer que la compañía emitió publicidad engañosa. 

"CLARO estaba condicionando el acceso de las tarifas sociales a la suscripción de contratos empaquetados, circunstancia que terminaba por confundir a los potenciales beneficiarios del servicio de internet fijo con tarifas sociales, pues al no ofrecerlo de manera individual – tal cual lo garantizan los contratos de aporte firmados entre el MinTIC y CLARO - se indujo en error, engaño y/o confusión a los ciudadanos que pretendían adquirir este servicio en las condiciones ya planteadas".

Es de anotar que, frente a la decisión proceden los recursos de reposición y de apelación.