El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, señaló que la política contenida en el Decreto 596 de 2016 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que fue pensada para empoderar y dignificar el trabajo de los recicladores de oficio, reconocidos por la Corte Constitucional como sujetos especiales de protección, no ha dado los resultados esperados. 

"La idea inicial fue fomentar organizaciones de recicladores, encargadas de recoger y transportar el material aprovechable, pesarlo y comercializarlo en las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), pero hemos identificado que algunas de estas estaciones son bodegas tradicionales de compra y venta de chatarra que aprovecharon la oferta institucional para ocupar este lugar, sin cumplir con los requisitos y sin contar con la base social”, sostuvo.

La Superintendencia ha identificado que asociaciones de papel se están quedando con el dinero del servicio de aprovechamiento. Se están inflando los reportes de material aprovechable lo que incrementa el cobro a los usuarios en la tarifa del servicio de aseo, y se está utilizando la labor de los recicladores para el beneficio de intereses privados.

Las cifras de Bogotá demuestran la situación real del problema. La ciudad produce alrededor de 3 millones de toneladas de residuos al año. De acuerdo con una estimación optimista, podría estar aprovechando el 16 por ciento de este material, es decir 480 mil toneladas.

Sin embargo, según los registros del Sistema Único de Información (SUI) de la Superservicios, de los 489 kilógramos de residuos per cápita que dejan los bogotanos se aprovechan 203, equivalentes al 42 por ciento. De ser cierto este dato, el relleno sanitario de Doña Juana estaría recibiendo anualmente menos de los 2.2 millones de toneladas que recibió en 2021.

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Sobre estos hallazgos, la Superservicios adelanta acciones especiales de inspección. Entre ellas, visitas técnicas a las ECA para verificar su capacidad real de almacenamiento, los recorridos y el material recogido por los recicladores y quien lo está comprando. Igualmente, se realizará intercambio de información con la Dian para determinar si los intermediarios están o no formalizados en aspectos tributarios.

La Superintendencia también participa en la propuesta de modificación de normas y procedimientos que rigen la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo en el país, una de las líneas estratégicas de la política Basura Cero que implementará el Gobierno Nacional.

“El objetivo es asegurar un impacto positivo entre la población de recicladores de oficio, la sostenibilidad ambiental y los propios usuarios del servicio de aseo”, finalizó el superintendente Quiroga Collazos”.