El Gobierno a través del Ministerio de Hacienda radicó ante el Congreso un proyecto de ley mediante el cual se pretende un incremento del impuesto predial que pagan los colombianos y muestra incrementos entre el 50% y el 300% frente a los valores de 2023. 

El proyecto que lleva las firmas del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla y de la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, indica que se aumentará en 50% del monto liquidado por el mismo concepto el año inmediatamente anterior para los predios urbanos con destino económico y habitacional cuyo avalúo catastral sea menor o igual que 135 salarios mínimos legales vigentes. 

Este incremento se aplica también, según la iniciativa gubernamental a los predios rurales que se encuentran dentro de alguna de las siguientes categorías asociadas a destinos económicos y/o uso del suelo: habitacional, comercial rural o de soportes de infraestructura; áreas para producción agropecuaria; institucional y áreas de conservación y protección; y cuyo avalúo catastral sea menor o igual a 135 Salarios mínimos 

El aumento del 100 % del monto liquidado por el mismo concepto el año anterior para los predios urbanos con destino económico habitacional o comercial cuyo avalúo catastral es de 135 a 250 salarios mínimos. Igual para los predios rurales. 

Si el valor de la propiedad se ubica entre los 250 y 350 salarios mínimos el aumento tato para las zonas urbanas como rurales será el 150% en el caso en que el predio tenga un avalúo entre los 250 y 500 salario mínimos legales vigentes al ajuste será de 200%. 

Recibirán un incremento del 300% los propietarios de predios que tengan un valor superior a los 500 salario mínimos. 

Indica el proyecto que serán las administraciones municipales y distritales las que analizarán los impactos de los procesos de formación, actualización y conservación catastral, de la aplicación de la metodología de reducción de rezago de avalúo catastral dispuesta por el artículo 49 de la Ley 2294 de 2023, y los límites de crecimiento del Impuesto Predial Unificado, para determinar si procede realizar una propuesta de Acuerdo para tramite y aprobación ante los concejos municipales o distritales que permita modificar sus normas tributarias bajo los principios de equidad y progresividad.