Ibagué con mayor número de retrasos en obras de infraestructura educativa según la Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación solicitó al alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, informar sobre el estado de ejecución de las obras en instituciones educativas oficiales con recursos del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE), ante la alerta que ubica a esta entidad territorial con el mayor número de proyectos sin terminar y que registran demoras, afectando a los niños y las niñas en su derecho a la educación.
Según lo referenciado por el ente de control en su seguimiento preventivo y frente a lo reportado por el FFIE, el municipio de Ibagué cuenta en total con 26 proyectos, de los cuales sólo diez (10) han sido entregados, dos (2) están en viabilidad técnica, diez (10) en ejecución y cuatro (4) en etapa de inicio de obras, pendientes del aporte de recursos por parte de la alcaldía del municipio.
Asimismo, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer solicitó al mandatario, allegar el estado de las gestiones que le corresponden para el avance de estos 4 proyectos en inicio de obra, así como de los que están en espera de viabilidad técnica por parte de la entidad territorial.
Por último, a la respuesta del requerimiento, deberá anexar el detalle de las acciones para las intervenciones en las instituciones educativas San Simón, José Joaquín Flórez Hernández - Sede Principal y José Antonio Ricaurte, en las que la alcaldía manifestó que ejecutará directamente, lo que implica que no se aportarán más recursos al FFIE y la despriorización de las instituciones.
Para la entidad, son de especial preocupación las demoras en la ejecución en los departamentos de Boyacá, Nariño y Risaralda y en los municipios de Ibagué, Cali, Pasto, Sogamoso y Quibdó; por ser territorios que concentran el mayor número de proyectos ejecutados con retrasos.
Asimismo porque en buena parte, en estas intervenciones y obras se realizaron demoliciones parciales o totales en las sedes educativas, afectando tanto a las comunidades educativas como a la capacidad de las administraciones territoriales, al tener que disponer de otros espacios temporalmente para hacer frente a las demoras en la entrega.