En la audiencia de conciliación efectuada el pasado jueves 18 de enero ante la Procuraduría, el apoderado judicial del Municipio de Ibagué sostuvo una ausencia de competencia por pasiva para conciliar, dejando en cabeza del gestor del SETP la definición de continuidad o terminación del convenio con Infotic.

Paula Ramos, gerente de Cotrautol, explicó en Ecos del Combeima, las repercusiones de que se decidiera no conciliar y negar la solicitud formal de las empresas de transporte, y por ende mantener vigente el controvertido convenio con Infotic.

¿Qué pasó en la conciliación extrajudicial sobre la revocatoria del convenio celebrado con Infotic para el recaudo del SEPT?

Paula Ramos: La conciliación extrajudicial sobre la revocatoria del convenio celebrado con Infotic, pues era el trámite exigido por la ley para poder presentar la demanda, fue agotado y ahora procede dar lugar a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, tras la desafortunada negativa a conciliar por parte de las entidades convocadas. Igualmente, procede dar inicio a las acciones correspondientes por las irregularidades e ilegalidades que reviste especialmente el proceso de selección, adjudicación y celebración del mentado convenio. Algo que llamó la atención en la audiencia, que es un acto público y del cual esperamos el acta respectiva, es que el señor Procurador les llamó la atención a las entidades de la Nación y al Municipio de Ibagué, enfatizando en la oportunidad desperdiciada en esta instancia para corregir sus hierros.

La alcaldesa Johana Aranda dijo en campaña que liquidaría el convenio con Infotic ante la evidencia de irregularidades. ¿Se está incumpliendo ese compromiso?

Paula Ramos:  Efectivamente, así lo dijo la señora alcaldesa cuando llevó a cabo su candidatura, que daría fin al convenio con Infotic y dispondría de su liquidación; de hecho está en una alocución en un video de esta emisora Ecos del Combeima cuando participaba en uno de sus paneles. Quiero pensar que la señora alcaldesa no fue enterada de la diligencia llevada a cabo el día 18 de enero y con la cual se agotó la oportunidad para prevenir el daño antijurídico para la administración municipal que hoy ella lidera. Sin embargo, confío en que la sensatez y el análisis de la solicitud de conciliación, que resultó fallida por las decisiones de los comités de conciliación de la anterior administración municipal, claramente puede ser corregida con la aplicación de la disposición del artículo 41 de la Ley 1437. Entonces, la alcaldesa de Ibagué podrá atender nuestra reiterada y justa solicitud en derecho para que se dé fin al convenio que subsiste entre Infotic y el Ente Gestor del SETP, pudiendo emitir ella una orden en su calidad de presidente de la Junta Directiva o en cumplimiento de la solicitud de la Procuraduría. Adicionalmente, reitero, fue su promesa de campaña.

¿Qué implicaciones tendrá que el convenio con Infotic se mantenga vigente?

Paula Ramos: Son varias y desafortunadamente todas negativas. Con la selección irregular del ejecutor del convenio para dar lugar al Citrec, los costos de implementación de la tecnología se traslada a la tarifa y por ende al usuario. Con la demanda ante el Contencioso Administrativo, la medida cautelar solicitada impedirá ejecutar el convenio, retrasando el cronograma de implementación del SEPT y encareciendo el costo de las tecnologías que puede ser adquirida para poner en funcionamiento los sistemas de información, especialmente en este caso el Citrec, que es el recaudo centralizado, la gestión control de flota y de información al usuario.

Otros aspectos negativos son encarecer los valores de la canasta de costos con la cual se establece la tarifa técnica y la tarifa usuario, haciendo inviable la prestación del servicio mientras no se subsane, no se auxilie la tarifa con recursos públicos que a la fecha no tienen una fuente financiera, que básicamente son los fondos de estabilización tarifaria. Adicional a eso, también se retrasaría el cumplimiento y desarrollo del cronograma de actividades del documento Conpes 4017 del 2020; hoy la ciudad está comprometida a pagar más de 6.000 millones de dólares durante 16 años y cuatro meses, lo dice el convenio, la entrega del recurso a una entidad foránea que no invierte y que no genera beneficio económico alguno para la ciudad de Ibagué y que lo hace por un porcentaje mucho más superior al que se está proponiendo por parte de la empresas locales.

Tiene tantas otras cosas negativas que las podríamos enumerar, pero para resumir: Se hace más costosa la prestación del servicio y se incumplen los propósitos de mejoramiento de la calidad del servicio, mientras se privilegia la prestación de servicios informales ilegales, el moto taxismo, el servicio tipo Uber y se deja al azar el destino de las empresas de transporte local en una situación lamentable.

Esperamos - como lo dije en una respuesta anterior - que la sensatez y el análisis que la alcaldesa le dé a este tema, permitan que prontamente, mientras se da los procesos de admisión de demanda, la mandataria haga aplicación al artículo y a la ley que ya mencionamos y dé por terminado este lesivo y dañino convenio para la ciudad, como lo hemos manifestado en todas las mesas técnicas que hemos tenido y que son las que nos corresponden.