Actualmente se tramita en el Tribunal Administrativo del Tolima una acción popular promovida por Julio Çésar Parra Guarquita contra el municipio de Ibagué, el IBAL y Cortolima, en busca de una mitigación contaminante de la quebrada la Saposa.

Mediante diligencia de inspección judicial realizada el 13 de junio de 2022, el magistrado José Andrés Rojas Villa decretó como medida cautelar, ordenar a las Secretarías de Infraestructura, Salud y Educación de Ibagué, "elaborar un plan pedagógico para que los vecinos del sector de los hechos aprendan a respetar el cuerpo de agua".

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A través de decreto fechado el 17 de enero y firmado por la alcaldesa Johana Aranda, el municipio de Ibagué adoptó dicho Plan Pedagógico, junto con su cronograma de implementación, la cual será de obligatorio cumplimiento y estará a cargo de las mismas tres secretarías.

Lo ordenado por el magistrado tiene como finalidad concientizar a los habitantes del sector de la quebrada la Saposa para evitar la contaminación de la fuente hídrica.