Las advertencias de la Procuraduría surtieron efecto, pues el Tribunal Superior de San Andrés entregó una serie de órdenes a autoridades de la isla para que en adelante se adopten las medidas que mitiguen el impacto ambiental.

Entre otras disposiciones el Tribunal le dijo a Coralina que en seis meses debe actualizar el Plan de Manejo Ambiental de Johnny Cay Regional Park y que en “coordinación con la Dirección General Marítima (Dimar) aseguren que el número de visitantes no exceda la capacidad de carga en el área”.

También cada trimestre se debe prohibir el ingreso de turistas por tres días, que se utilizarán para el mantenimiento de la infraestructura del parque.

El Tribunal ordenó la capacitación de operadores logísticos que permita pasar de materiales desechables a biodegradables.

Tendrán que desarrollar un video explicativo a turistas, que incluya los cuidados ambientales y donde se especifique que actividades son prohibidas.

Cada 15 días la página web de Corporación Autónoma Coralina debe actualizar “la descripción geográfica del Johnny Cay Regional Park, el horario de atención, los servicios que ofrecen, las recomendaciones especiales, en aras de fomentar actitudes ambientales de protección en los visitantes”.

Para el Tribual es importante conformar un comité de verificación que haga seguimiento a las disposiciones y que estará integrado por la Procuraduría, la Policía, la Car y Dimar.

Tomado de Noticias Caracol (ver nota original)