Por estos días la profesión del derecho viene siendo cuestionada por  las cifras del Consejo Superior de la Judicatura que registran cada día la sanción de cinco abogados y que cada  ocho días un abogado pierde su tarjeta profesional, por faltas a la ética y a la honradez profesional.

Los académicos y expertos achacan esa situación a la proliferación de instituciones sin acreditación y baja calidad educativa. Embustes, la ética para ser exagerada, vienen en nuestro ADN y se complementa con la educación de la familia. O sino que me expliquen ¿de cuáles universidades han sido egresados los magistrados del cartel de la toga y los poderosos abogados involucrados en los mayores escándalos de corrupción? Pues de las más prestigiosos y costosos centros educativos de educación superior del país.

Cuánto daño hace un profesional del derecho, cuando potencializa su intelecto y se muestra como un jurista en toda la extensión de la palabra, pero oculta intenciones dañinas, para generar menoscabo y deterioro a la sociedad en la que se desenvuelve.

Ibagué para ser concretos, desde hace más de 20 años viene presenciando situaciones especiales. El primer caso con el abogado Orlando Arciniegas, quien por el desfalco de los dineros de los xx juegos nacionales 2015 en Ibagué, fue condenado por la justicia a    27 años de cárcel, por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y concusión. Hoy está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá.

Arciniegas en sus casi 30 años de actividades profesionales, se mostró como un abogado estudioso y como el que más sabía en su especialidad, al tiempo que se infiltraba en las altas esferas políticas, teniendo ascendencia e influencia con mandatarios locales y seccionales, dando golpes de opinión con decisiones que cambiaron el mapa político de la región . Se le conoció como columnista editorial y comentarista en los medios de comunicación, generando el coctel perfecto para ganar prestigio y reconocimiento intelectual y académico.

El zarpazo final lo dio cuando  se hizo nombrar como asesor para la estructuración y adjudicación de los contratos de los xx Juegos Nacionales, que tenían como sede a Ibagué en el año 2015, bajo el mandato de Luís H. Rodríguez, sobre quien Arciniegas ejerció una extraña y maquiavélica dominación. Finalmente los que serían los mejores juegos de la historia, terminaron siendo unas competencias lánguidas, sin los imponentes y modernos escenarios deportivos que se construirían. Transcurridos cuatro años, los escenarios siguen sin darse al goce y disfrute de los ibaguereños.

A nuestros días y con muchas coincidencias con el actuar de Orlando Arciniegas, tenemos el caso del abogado Wilson Leal, amigo personal del primero, compañeros y socios en proyectos editoriales y coincidentes en causas jurídicas y que tienen mucha semejanza en su manera de proyectarse ante la sociedad, como los voceros de la verdad, la ética y la moral.

Mucho cuidado, porque el abogado Wilson Leal, también hombre de negocios, de medios de comunicación y ahora inmerso en la política, se empeña en hacer que Rubén Darío Correa (un buen hombre, no preparado para ser alcalde y que por obvias razones  puede ser manejable),  alcance el primer cargo del municipio, y se genere el riesgo de  repetir la funesta  historia que escribieron Luís H. Rodríguez y Orlando Arciniegas, quienes originaron un retroceso en infraestructura deportiva de por lo menos 40 años, y otros daños colaterales de semejante actuación delictiva. 

Un jurista con la capacidad intelectual de Wilson Leal, no puede estar convencido de que la mejor opción para los destinos de Ibagué, pueda ser un hombre de radio, sin la menor experiencia para gobernar una ciudad. ¿Cuál es el interés en hacerle ese daño a la ciudad?  ¿O es que detrás de todo esto hay una tercera persona?