Sin importar que aún esté en proceso de implementación la Ley Anticorrupción en Colombia, los ciudadanos esperan que los altos funcionarios del Estado y en este caso en el Tolima, den a conocer a la opinión pública cuál es su capital, a través de la información contenida en su declaración de renta.

Nada nuevo, porque hace 27 años en la Capital de la República en el marco de un Foro Internacional de lucha contra la corrupción Administrativa, el Procurador del momento dijo: “es necesario controlar el capital de los funcionarios públicos no sólo durante su permanencia en el cargo, sino también con posterioridad”.

Dentro de las conclusiones de dicho foro, se insistía en la imperiosa necesidad de revisar minuciosamente los requisitos de las personas que aspiran a cargos de elección popular, para evitar el acceso a la administración pública de funcionarios incompetentes.

Se mencionaron algunas de las modalidades de los políticos para cometer actos de corrupción, que con el transcurrir del tiempo nada han cambiado: Usar el cargo para beneficiarse así mismo, a su familia o amigos; pagar contratos por obras o servicios no entregados ni prestados, incluir sobrecostos en los contratos públicos; pedir sobornos a cambio de contratos y expedir beneficios contrarios a la ley para obtener beneficios y permitir actos de corrupción por descuido o falta de vigilancia.

De la misma manera se propusieron alternativas para conjurar el crecimiento del delito con acciones encaminadas a: Fomentar la participación ciudadana mediante la denuncia y dar recompensa por ello; que la comunidad vigile la gestión pública; incentivar el periodismo investigativo y de denuncia. Igualmente en esta lucha contra la corrupción se pidió vincular a las instituciones financieras, para que informen a las autoridades cuando existan transacciones sospechosas.

Las cifras de la Misión de Observación electoral MOE, entre 1991 y 2017, muestran que en Colombia fueron condenados por corrupción 679 políticos, donde 443 eran alcaldes elegidos popularmente (65%), dejándolos como los funcionarios públicos más corruptos, advirtiendo además que el Tolima se encuentra dentro de los cinco departamentos donde más políticos han sido condenados por corruptos.

Curiosamente el poder de control o de vigilancia que tienen las instituciones se centra en las ciudades capitales, donde históricamente se han visto muchos casos de corrupción.

Conforme las estadísticas de la MOE, los sectores más vulnerables a las maniobras de la corrupción: Infraestructura (18%); Educación (14%); Contratos personal (13%); Servicios Públicos (11%); Equipamento Municipal (7%) y Vivienda (4%).

Con el anterior panorama y el momento político de “absolutismo azul” que vive el departamento, se prenden las alarmas porque desde la contienda electoral se comenzaron a presentar situaciones extrañas de poder e imposición de “especiales estrategias políticas”, la corrupción lejos de minimizarse, muy seguramente tomará visos preocupantes. A lo mejor pasará inadvertido, si tenemos en cuenta el mediocre trabajo de los entes de control, que no han sabido alertar, muy seguramente porque a ellos también los permea la corrupción.

El Tolima tiene un “supremo líder” con inmenso poder y suerte política, quién en los últimos tiempos ha demostrado que estará en las grandes ligas del poder, a pesar de estar afrontando procesos ante la justicia. Ya lo dijo alguien: En el Tolima la política y su particular estilo no cambiarán, sólo están variando los apellidos.