La función pública, debe buscar el bienestar de los más desfavorecidos, la defensa del patrimonio público y medio ambiental, el bienestar general debe prevalecer en términos de equidad; debe desterrarse del ejercicio público, el favorecimiento a los intereses particulares, las decisiones de cualquier autoridad pública, deben tener la contundencia de la justicia social, para proteger los bienes supremos del estado, que son de todos, no de unos pocos. Solo en esa vista, con legalidad y delicadeza podremos garantizar un acierto en el ejercicio de la función pública.

El discurso que engaña y busca adornar o maquillar de manera técnica o populista, las decisiones para beneficiar unos pocos, carece de legitimidad y larga vida, pronto la sabiduría popular y la legalidad les castigarán, en justicia o en las urnas, donde se dirimen los enormes conflictos de los intereses individuales o particulares. La ideologización de los temas importantes de la agenda pública, risiblemente tiene sus contradicciones, es sorprendente ver como unos, que se auto proclaman de izquierda defensores del medio ambiente, otorgaron licencias a granel, como por ejemplo la famosa de “Hidrototare”, que es la construcción de la hidroeléctrica sobre el río Totare, en jurisdicción de los municipios de Anzoátegui, Santa Isabel, Alvarado y Venadillo, pero con efectos en toda la región. Se trata de un proyecto de generación de energía que implica la intervención de más de siete kilómetros, en una zona altamente productiva en caña de azúcar, aguacate, café y plátano, además de arroz; es decir el discurso por un lado para agradar la tribuna y los hechos por otro lado para perjudicarla, llegó la hora de desterrar la doble moral de nuestra sociedad, la hora de la coherencia, para gozar de un país distinto, de un país mejor.

La vocación de servir, cada dia más escasa en la política y en lo público debe ser el alma y esencia de quienes llegan a los cargos, con funciones y mandatos, que no pueden ser solo letra muerta sino la llama viva, que encarne el clamor, bienestar y también el sufrimiento de los ciudadanos, pero sobre todo que necesitan una carga de coherencia absoluta, alejada de los sesgos ideológicos y de la doble moral. Los intereses supremos deben ser los intereses de los ciudadanos y su calidad de vida.