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¿Decretos?

Es inaudito e indignante que nuestros gobernantes se aprovechen de esta crisis para legislar y contratar a su favor y al de su círculo más cercano, el cual incluye aquellos que aportaron a sus campañas. Por: Alejandra Guerrero Fajardo.
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Javier Pérez / Ecos del Combeima
17 Abr 2020 - 6:45 COT por Ecos del Combeima

Es inaudito e indignante que nuestros gobernantes se aprovechen de esta crisis para legislar y contratar a su favor y al de su círculo más cercano, el cual incluye aquellos que aportaron a sus campañas. Están convencidos que ninguno de nosotros va a protestar y que gracias a que somos una sociedad sin memoria las vergonzosas contrataciones y decretos van a ser titulares de un día y seguramente caerán en el olvido. Nos acaban de hacer una reforma pensional escondida en un decreto, millonarias contrataciones en publicidad para publicar todas las donaciones que reparten en vez de usarlo para educarle a la población prevención y control de la pandemia, las contrataciones a dedo son la norma… la lista es larga con situaciones no solo injustas, sino que además muestran la falta de moralidad y empatía hacia la población que representan y que paga sus salarios.
Si algo ha demostrado el aislamiento preventivo es la desconexión de nuestros gobernantes con la realidad del país. Escuchar al presidente de la República afirmando que el panadero de profesión se gana dos millones de pesos fue una vergüenza, no porque no se lo merezcan si no porque los salarios del país son tan bajos que este salario es un sueño para la mayoría de colombianos. En otra perspectiva, si conoce la información y le dio pena decir la verdad, que otras cosas nos puede estar ocultando ¿Cómo nosotros como ciudadanos hemos permitido este atropello? 
La corona de los atropellos se los lleva el Gobierno Nacional, que acaba de decretar una reforma pensional. La idea del decreto es ayudar a los fondos privados, trasladando veinte mil jubilados del “retiro programado” de un salario mínimo a Colpensiones. La historia resumida es la siguiente, los fondos privados recibieron los ahorros para pensión de veinte mil colombianos y trabajaron este capital. La reglamentación dictaba que al llegar el momento la pensión debía ser un salario mínimo vigente independientemente del rendimiento. Debido a la volatilidad del mercado, los rendimientos no han sido los esperados y por lo tanto están teniendo retornos negativos bajo esta modalidad. 
Esta situación no es producto de la pandemia, es una situación que los fondos llevaban expresando por un tiempo. Un gobierno responsable les recordaría a estos, que los retornos negativos son parte del riesgo del mercado, que sus utilidades siguen estando por encima del billón de pesos y que esta situación no es generada por la pandemia. Nuestro gobierno acaba de decidir que Colpensiones, o sea nosotros por medio de nuestros impuestos, va a asumir la pensión de nuestros connacionales asumiendo todas las pérdidas. Los fondos privados trasladan cinco billones de pesos a Colpensiones y este va a pagar siete billones de pesos en pensiones. El hueco que van a generar a las finanzas públicas (léase las nuestras) es de dos billones de pesos en un escenario positivo, esto compromete seriamente el futuro de nuestra entidad pública.  Por qué el gobierno central está protegiendo al sistema financiero antes que todo si nos estamos enfrentando a una crisis sanitaria, sería un muy buen debate que alguno de nuestros congresistas debería estar exigiendo. 
Nuestro Congreso que después de tres semanas sin trabajar, anuncian que por fin lograron ponerse de acuerdo para sesionar de manera virtual. Imagínense, si toman tres semanas prender un computador y unirse a una video llamada, cuánto se pueden demorar analizando los decretos y hacerle contrapeso al ejecutivo. Si algo dejo en claro esta crisis es que el tamaño y costo de los congresistas debe disminuir, nuestras instituciones deben ser eficientes y hay que tomar medidas correctivas, con urgencia. 
Si nuestras instituciones no son eficientes y transparentes, nuestros derechos van a seguir siendo vulnerados. En otro de los decretos, el gobierno obliga a los médicos al suicidio. Es inaudito, los obliga a trabajar olvidando su deber como gobierno central de proteger la vida de ellos dándoles todos los implementos de protección y de paso nos vulnera a nosotros el derecho a la salud. La salud, algo en la que tanto gobierno nacional como locales han fallado, si bien es cierto que la ley 100 hacia que nuestro sistema no estuviera preparado para el COVID 19. Este último mes que llevamos en cuarentena no hemos logrado fortalecer el sistema para enfrentar esta coyuntura, deberíamos estar haciendo por lo menos cuatro veces el número de pruebas que se están haciendo al día, aumentar las camas de cuidados intensivos, aislar la población con mayor riesgo… deberíamos tener ya una estrategia. 
Esto era lo que el gobierno debía trazar en los decretos, pero en vez de eso mando a morir al personal de salud y le lanzó un salvavidas innecesario al sistema financiero negándoselo a empresas que si han sido directamente afectados por la pandemia y asegurando pasar hambre a miles de colombianos. Al mismo tiempo los gobiernos locales fallaron en enseñarle a la población como prevenir la transmisión, en convencerlos en la importancia del aislamiento preventivo, no porque no hubiera el presupuesto para difundir esta información. La vanidad que generan las redes sociales primaron por encima de la necesidad de usar este contrato de publicidad y mercadeo en la formación de la cultura ciudadana.

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