Se escribió un nuevo episodio de la incierta historia que nos correspondió vivir a razón del Coronavirus, por cuanto el presidente Iván Duque anunció la ampliación del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 1 de agosto. Agregó, además, que los municipios con baja afectación por el virus tendrán apertura de restaurantes, teatros y gimnasios.

No se puede negar la buena disposición del presidente Duque en su intención de enfrentar la crisis, pero, muchas de sus decisiones hoy dejan más dudas que cualquier otra cosa. Hace algunos días, él mismo anunció con bombos y platillos que el Gobierno Nacional había invertido 117 billones de pesos para solventar la tragedia que trajo consigo la pandemia a miles de hogares en nuestro país.

Sin embargo, la pregunta es: ¿Dónde está toda esa plata?, la cifra por si sola es exorbitante, pues estaríamos  hablando que esos 117 billones de pesos representan el 11 % del PIB y  los pequeños empresarios, ni los desempleados, ni los pobres lo  han visto, porque el ingreso solidario tiene dos millones de beneficiarios y según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), hay 9,69 millones de colombianos en pobreza multidimensional.

También, de acuerdo a la información suministrada por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana sobre los 117 billones de pesos que destinó el gobierno nacional para atender la  pandemia,  no hay claridad ni certeza de los gastos realizados. Sólo hay información de “una pequeña parte de los recursos”, toda vez que, 60 billones serían garantía de crédito para los bancos, es decir,  pasó lo que tanto se criticó, el gran favorecido  con todo esto fue el poderoso sistema financiero.

De los 24 billones con los que se creó el Fome - Fondo de Mitigación de Emergencias, apenas hay traslados  efectivos para la crisis por $3,6 billones y  de los $6,8 billones girados a salud, $5,7 billones terminaron en las EPS, sacándose por derecha  dos billones para pagar incapacidades que éstas debían cubrir con sus recursos.

Adicionalmente, según la Cámara de Comercio de Bogotá, sólo el 4,9 % de las micro y pequeñas empresas de la capital del país  han recibido ayuda oficial, y conforme a lo dicho en Portafolio, del medio billón destinado a crédito para nómina de microempresas, a 18 de junio apenas se había desembolsado el 0,62 %,  ¿La razón?, porque le dieron el manejo a los bancos para que siguieran enriqueciéndose en lugar de haberle dado esa ayuda de manera directa a las empresas utilizando entidades como el banco agrario, las cajas de compensación etc.

En concreto se desconoce la inversión de esos 117 billones de pesos, por lo que es justo exigirle al gobierno nacional que le rindan cuentas a todos los colombianos y al detalle, cómo y en que fueron gastados los dineros; eso deberían estar haciendo el Contralor y el Fiscal en lugar hacer mesas de trabajo en San Andrés.  Por consiguiente, surge un debate que fue desestimado por improcedente en su momento y que para mí, recobra más vigencia que nunca por la ineficiencia en la que se han  dispuesto los recursos, el de  la renta básica universal.

La Renta Básica Universal, fue una propuesta nacida del consenso entre cerca de 50 senadores de todas las corrientes políticas con la que buscaban contrarrestar los efectos económicos provocados por el Covid-19 en el país. La iniciativa consiste en crear un programa del Gobierno que destinaría cerca de 40,5 billones para beneficiar a unos 34,5 millones de colombianos afectados por la crisis económica, a través de un giro monetario periódico de recursos a los ciudadanos, que lo recibirían sin contraprestación alguna.

Desde luego, el estudio de la renta básica universal merece una discusión  más profunda, puesto que su viabilidad ameritaría una reforma estructural a las finanzas estatales, no obstante, al ver la incertidumbre en la ejecución de los recursos desde el gobierno nacional, podría pensar que es posible.