Esta semana presenté un proyecto de ley para garantizar que todos los colombianos, independientemente del estrato social y del municipio en que se encuentren, tengan acceso a una vacuna contra el COVID 19.

Y es que en un país como el nuestro, con tantas dificultades económicas, es fundamental que en esta carrera por la vida, en la que se encuentran todos los países del mundo, logremos que el sector privado le pueda echar una manito al sector público cuanto antes. Porque acá o aceleramos la compra de vacunas contra el COVID-19, o a la vuelta de un año vamos a estar, como se dice popularmente, en la inmunda.

Lastimosamente, la desinformación y el interés de enlodar buenas iniciativas que benefician a toda la población en general no faltan. Por lo anterior, hoy he decidido aprovechar este espacio para aclarar algunas dudas o puntos específicos que han sido foco de controversia sobre el proyecto.

Sabemos que la obtención de las vacunas será la única manera de que podamos volver a la normalidad en la que solíamos vivir, pero también sabemos que esta va a ser una lucha difícil contra los países más ricos y poderosos, quienes, aún sin existir las vacuna, están comprándolas y asegurando la inmunización de sus ciudadanos.

Y me puse a pensar. ¿Cómo hacer que un Gobierno, al que la ley no le permite adquirir con recursos de la salud tratamientos experimentales o en proceso de comprobar sus efectos, pueda proteger a su población? ¿Cómo garantizarle un espacio a Colombia para que no sea uno de los últimos países a los que llegue la vacuna?

Entonces se me ocurrió que la mejor manera, además de otorgar aval para que el Gobierno pudiese utilizar esos recursos para financiar las investigaciones de estas vacunas o comprar de manera anticipada (que es lo que están haciendo Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Rusia, China y los demás poderosos); era permitir que se hiciera una articulación entre el sector público y el privado para esta adquisición.

Esto, inspirándonos en una fórmula que ya existe, obras por impuestos, donde las grandes empresas que tuvieron el año gravable anterior ganancias por más de 33.610 UVT, es decir unos 1.200 millones de pesos, pueden elegir pagar hasta el 50% de su impuesto de renta realizando obras importantes para los territorios donde operan. Para el caso de las vacunas, y tal como lo plantea nuestro proyecto, estas mismas empresas podrían pagar hasta el 50% de su impuesto comprando vacunas en el exterior para traerlas a Colombia y entregarlas al sistema de salud.

Ojo, y aquí empiezo a aclarar los puntos invocados que desinforman. Esto no es una excensión de impuestos, porque tienen que pagarla en dinero, obras o en vacunas. Tampoco es cambiar impuestos por vacunas para sus empleados, como dijo un reconocido medio de televisión que no se leyó el proyecto y ni siquiera ni las noticias que circulaban sobre este. Las empresas comprarían las vacunas y las entregarían al sistema de salud para que este distribuya teniendo en cuenta unos criterios que están plasmados en el proyecto de ley.

Estos criterios, de universalidad, igualdad, prevalencia de la salud, la dignidad humana y el gasto público social, inciden en la distribución de estas vacunas en la población, para que no medien razones económicas o de otra índole que genere discriminación.

Finalmente, tampoco habrá la posibilidad de que las empresas facturen las vacunas a mayor precio, o que traigan vacunas de dudoso origen, o que seamos los políticos los que digamos el laboratorio, ni mucho menos para ganarnos “comisión”, como leí en un comentario en twitter; pues el proyecto incluye una disposición para que el Ministerio de Salud indique qué vacuna y cuál es el precio, y además para que este autorice a la empresa que desee pagar parte de su renta de esta manera. Así, un mecanismo tan beneficioso como es el que propongo, se blinda de cualquier incentivo negativo o mal uso de aquellos inescrupulosos que quieran aprovecharse de él.

De esta manera, logramos que todos los colombianos puedan inmunizarse ante el virus, aprovechando al sector privado de nuestro país para que este apoye al Presidente Duque, en una situación que requiere de todos los esfuerzos posibles. Lástima que también vaya a tocar empezar a pensar en traer una vacuna para la desinformación y las fake news para ponérsela a todos los colombianos.

Termino con el título de esta columna, o nos vacunamos todos o nos vacunamos todos. No hay plan B. Que el Estado colombiano compre vacunas cuanto antes, que las empresas hagan lo propio a través del mecanismo vacunas por impuestos, y que la sumatoria permita que cuando se comercialicen las tan anheladas vacunas, no se quede un solo colombiano sin vacunarse. Es un derecho, y ni más ni menos que el derecho que prima sobre todos los demás, el derecho a la vida.