Desde siempre, los departamentos y municipios han sufrido las inclemencias de la excesiva concentración administrativa por parte del gobierno nacional, sobre todo, en el manejo de los recursos económicos; puntualmente, quiero hablar de las regalías. Las regalías, son los pagos que hacen los explotadores de recursos no renovables a la nación por su desgaste (petróleo, gas natural, carbón, etc.). 

A partir de su creación, las regalías no han podido ser puestas al servicio de la sociedad colombiana, puesto que, sumado al centralismo que caracteriza a nuestro sistema político, se encuentra la falta de autonomía, el clientelismo y la corrupción en todos los niveles que promueve su despilfarro. De hecho, en el gobierno Santos, se inventaron un sistema en donde unificaban todos los recursos y los reasignaban para que abarcara a todos los municipios del país incluyendo los no productores, pero, le quitaban la independencia a los departamentos y municipios en cuanto su manejo. De esa iniciativa surgió la frase de: la “mermelada en toda la tostada”.

Los entes territoriales no solo perdieron la autonomía con ese sistema, algunos que eran productores directos vieron mermados sus ingresos y adicionalmente, se tuvieron que supeditar a la decisión de un órgano colegiado de administración y decisión llamado OCAD, quien era el que decidía donde se podrían invertir esos recursos mediante la aprobación de proyectos.

En principio, poner como condición para aprobar inversiones por regalías presentando proyectos era buena idea, porque obligaba a las gobernaciones y alcaldías a realizar una debida planeación y ejecución de los recursos; sin embargo, los OCAD se convirtieron en un engorroso trámite, que no permitía que fluyeran las intenciones de los gobernantes para satisfacer las necesidades de sus administrados.

Bajo esas circunstancias, por iniciativa del Gobierno Nacional,  el Congreso de la República emitió la ley 2056 del 30 de septiembre de 2020, que introduce unos cambios significativos a la forma en como esos dineros llegarán a las regiones, es decir, un reformado Sistema General de regalías – SGR –.

Entonces, se pasará de tener 1.152 Órganos Colegiados de Administración y Decisión a 8, y el 70% del total de las regalías será asignado sin necesidad de pasar por los OCAD. También, la ley estipula que las asignaciones directas para municipios y departamentos serán el doble, y estas pasarán de $2 billones a $4 billones en dos años. Así que, durante el año 2021 los departamentos podrán agilizar inversiones, aprobando directamente el 100% de los recursos de la Inversión Regional, estimados en $5,2 billones.

El próximo año se podrán aprobar directamente los saldos no comprometidos de vigencias anteriores, priorizando inversiones en vías terciarias, electrificación rural, sector agropecuario, conectividad, agua potable y saneamiento básico, y los municipios con mayores necesidades básicas insatisfechas recibirán más recursos, pasando de un 10,7% a un 15% del total de las regalías; y por primera vez, se destinarán recursos a la protección del medioambiente con un 5% para proyectos relacionados con la conservación de áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la deforestación. Los recursos de Ciencia, Tecnología e Innovación aumentan del 9,5% al 10%.
Sin duda, esta ley fortalece la descentralización de los entes territoriales, pues les regresa la autonomía que habían perdido, no obstante, se continúa limitando su accionar con unos porcentajes prestablecidos según las preferencias del gobierno. En todo caso, eso no demerita la intención del Gobierno Duque y del Congreso en haber reformado un sistema que era parsimonioso y poco efectivo.