La semana pasada titulaba mi columna ¡Que no nos capen dos veces!, recordando el aniversario del desastre natural más doloroso de nuestra historia que se llevó 25.000 vidas. Para atender lo sucedido con el municipio de Armero, diversas normatividades se han creado, como mencionaba ahí. Ese día llegué a la conclusión de que Colombia necesita urgentemente una ley de víctimas de desastres naturales para atender a los compatriotas que pierden todo cuando uno de estos pasa por sus vidas. Hoy, después de lo sucedido en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, estoy seguro de eso.

Nuestro país, como todos los países, no es inmune a las calamidades de la naturaleza. Es imposible predecir y atender situaciones que resultan imposibles. Este 17 de noviembre se nos recordó que estamos sujetos a todo, con el paso de los huracanes Eta e Iota este 2020 en el Archipiélago. Jamás había pasado por allí un huracán categoría 5 como este último que pasó y se llevó el 98% de la infraestructura de Providencia y dejó a San Andrés sin servicios públicos de energía y telecomunicaciones. 

La última vez que un huracán de esta categoría pasó por Colombia fue Matthew en 2016 y dejó una persona muerta además de las inundaciones. En Estados Unidos, Matthew cegó la vida de 76 personas. El reciente Iota, por su lado, dejó 21 muertos en Nicaragua y 16 en Honduras, donde también lo sintieron con toda su fuerza. 

Tuvimos suerte de que en Colombia solo hayan fallecido dos personas a causa de este. Les deseo paz en su tumba y acompaño el dolor de sus familias. 

Iota nos dejó no solo la grave destrucción generada en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sino que en zona continental los coletazos acabaron principalmente con parte de los municipios de Lloró y Carmen de Atrato en el olvidado departamento del Chocó, desbordó los ríos de Santander, acabó con viviendas en el departamento del Atlántico, inundó el 70% de Cartagena y se llevó un sector del municipio de Dabeiba en Antioquia, generando deslizamientos que acabaron con la vida de tres personas y grandes pérdidas materiales vitales para los pobladores. Viviendas, escuelas, infraestructura de servicios públicos, parques, comercios; que para unos es simplemente material pero para muchos significan años y décadas de trabajo y esfuerzo inmensurable.

El problema es que en Colombia si bien tenemos adecuada institucionalidad de atención de gestión del riesgo de desastres y hemos creado entidades solo dedicadas a la reconstrucción de aquellas zonas tan afectadas, como lo es el Fondo de Adaptación, las olas invernales, deslizamientos, sismos, huracanes, volcanes, y demás siguen dejando a muchos sin hogar y sin una forma de exigirle al Estado ayuda al ser damnificados. Cada que sucede algo, la solidaridad de muchos es la expresión más importante. Pero nos hace falta tener una norma para las víctimas de desastres naturales que les permita realmente resurgir. 

Y aclaro que no me refiero a la atención de desastres, pues ya hay suficiente normatividad en la que regula el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Sino una ley de víctimas similar a las víctimas del conflicto armado, que por este viven situaciones similares, en tanto deben empezar de cero completamente después de semejantes situaciones y que dependen de la voluntad de los gobiernos nacionales y locales de turno para recibir verdaderas ayudas que muchas veces nunca llegan. Ejemplos de esto son Gramalote y Mocoa, dos municipios que vivieron grandes desastres naturales y que, a hoy, 10 y 3 años respectivamente, no se ha materializado en nada el apoyo estatal.

Después de un ejemplo tan duro como Armero el Estado colombiano nunca respondió adecuadamente. Para San Andrés no esperaremos a eso. Vamos a impulsar una Ley de Víctimas de Desastres Naturales que cubra las necesidades de las poblaciones afectadas por esto y no se demore una eternidad en hacerlo.