Como una letanía se repite, una y otra vez, a través de los medios de comunicación, la molestia ciudadana frente a la tímida acción de la autoridad de Policía frente al cumplimiento de las medidas sanitarias en medio de la peor crisis por contagios de Covid-19 en el país.

En medio de esas voces que rechazan la ausencia de proactividad del personal uniformado y su débil ejercicio de autoridad, reclamando sustituir la presencia de la fuerza pública por el Ejército, surgen varias reflexiones. 

La primera y más importante tiene que ver con la función propia del policía y la prestación del servicio público. Pareciera que en las filas de esa institución centenaria hay cada vez menos vocación y más necesidad. 

Los jóvenes que se enlistan no lo hacen con el infantil anhelo del niño que ve en el policía un héroe y el deseo de trabajar por el bienestar de otros, sino con los ojos del adolescente sin posibilidades de acceso a educación superior que persiguiendo mejores condiciones de existencia, encuentran allí la trinchera ideal para asegurarse la vida. 

Y ahí es donde está la génesis de los problemas. Hacen lo que les toca, se limitan a entregar el mínimo esfuerzo y su compromiso con la ciudadanía es limitado.

Es entonces cuando sustituimos una fuerza preventiva por una reactiva, diezmada en el respeto que recibe de la sociedad. 

Cuando esa ambición de tener una vida cómoda que es su motor para incorporarse se desborda, emergen las tentaciones de la calle. Los salarios parecen no ser suficientes y la seducción de la coima, la tentación de la dádiva, la prebenda se desnudan ante sus ojos como una oportunidad más. 

Nunca caeremos en la odiosa y peligrosa generalización, pero son incontables los casos de miembros de la Policía inmersos en redes de corrupción y delincuencia que han sido objeto de judicialización. Otros aunque no están lejos de esa orilla, naturalizaron prácticas que, aunque indebidas, ahora ven como algo normal. 

Recibir la gaseosa o el perro caliente del comerciante y dejar pasar las infracciones hacen parte de esa cultura que debería no solo condenarse y disciplinarse severamente desde la doctrina interna sino erradicarse de raíz. 

Hay quienes en defensa de los uniformados alegan que quedarse en casa debe ser un asunto de conciencia social. Y quizás tengan razón, pero donde por condiciones de educación e idiosincrasia esa lógica no opera, se necesita la acción vertical de la autoridad. 

El mal ejemplo cunde, nada más cierto. Y cuando quien acata la norma por miedo a las consecuencias ve como otros la burlan sin ningún efecto se siente tentado a seguir sus pasos, más allá de que en juego esté la propia vida. 

Frustra que en medio de un confinamiento absoluto los patrullajes sean mínimos como si el toque de queda fuera para los uniformados y que cuando los hay, en lugar de la reprimenda esperada al infractor, prefieran mirear hacia otro lado. 

La cepa colombiana tiene el genoma de la indisciplina, pero no podemos pedir a quienes por orden constitucional están llamados a corregirlo cumplan con su deber cuando su conducta es una antítesis. En consecuencia, quienes somos respetuosos de la Ley tendremos que resignarnos a seguir pagando detención domiciliaria, mientras los necios se mantienen en la calle propagando el virus, llevándolo a sus casas, a sus vecindarios bajo cualquier excusa ante la pasividad de la autoridad. 

Sin Dios, ni ley en una Patria boba, faltando más allá de la retórica a la consigna de que "somos uno, somos todos".