Estamos tan acostumbrados a eso, que cuando en las noticias se habla de masacres de líderes sociales, indígenas o mujeres, se escuchan comentarios como: “solo mataron a tres”, como si una sola vida perdida no valiera la pena. 

Según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, en el 2020 se documentaron 66 masacres, en las que 255 personas fueron asesinadas en 18 departamentos del país. Además, reportó el asesinato de 120 defensores de derechos humanos. Desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia también ha documentado 244 asesinatos de excombatientes de las FARC. A su vez, el Instituto de Estudios Para el Desarrollo y La Paz  INDEPAZ, informó que 381 personas fueron asesinadas en 91 masacres perpetradas en el 2020.

El origen, las causas y la responsabilidad de todas estas muertes están sobre diagnosticadas: son las bandas criminales, las estructuras del narcotráfico, las  disidencias de las FARC, las mafias de minería ilegal del oro y del contrabando, pero no existe una política efectiva por parte del gobierno a nacional para que se frene de tajo esta situación.  Después de cada masacre, se hace el respectivo consejo extraordinario de seguridad y se  militariza la zona por algún tiempo y de ahí no pasa. 

La presencia del Estado no deber sólo con las fuerzas armadas. La violencia está escalando todos los días, produciendo pérdida de vidas humanas, desplazamiento y desarraigo, abandono de las actividades productivas en esas regiones incluyendo el Tolima, es más,  recientemente fue asesinado un líder ambiental del municipio de Roncesvalles.

El Gobierno del Presidente Duque  y el partido de gobierno, no  pueden continuar culpando de esta grave situación al ex presidente Santos y al proceso de Paz. Tienen que actuar de forma inmediata e integral. Pues No creo que, como lo afirman ciertos sectores de la extrema izquierda colombiana, sea una acción sistemática del Estado o que existen fuerzas oscuras representadas en una extrema derecha, que quieran repetir la  historia de la  extinta UP.

Se deben tomar medidas más sólidas y mucho más  eficaces  para proteger a la población de esta horrenda violencia que nos consume. El Estado tiene la obligación de ejercer su soberanía por todo el territorio nacional e implementando públicas integrales que beneficien a las comunidades más afectadas  con soluciones transversales, brindando una adecuada prestación servicios públicos y saneamiento básico, salud, educación y por supuesto, salvaguardando los derechos fundamentales de todos. 

Nota: Ni hablar de las situación de las mujeres; en 13 días de este año ya se registran 13 mujeres asesinadas, tres de ellas menores de edad. Una mujer muerta por día.