En Ibagué ya no solo nos confina la amenaza del Covid-19. En medio de la crisis que alienta otras pandemias como la pobreza, la destrucción de puestos de trabajo (más allá de lo que dicen las cifras oficiales) y el debilitamiento de la economía, una epidemia que emerge como amenaza fuera de control es el hampa.

Y sí, hay que pensarlo dos veces al salir a la calle. 

Porque esa otra peste para la que la inmunidad parece estar más lejos que la del mismo Covid,  también nos forzó a modificar hábitos, pensar muy bien qué o no ponerse antes de dejar la seguridad del hogar, qué hacer o qué no, verificar las rutas habituales y cambiarlas, afinar todos los sentidos, para no convertirse en presa fácil de depredadores sin consideración que atacan por igual a niños, jóvenes, adultos o ancianos. 

Los números que se revisan en sendas reuniones de seguridad con las que se alientan el ego y el optimismo de las autoridades podrán desacreditar la tesis. 

Dirán que todos los delitos van a la baja, que esta es un remanso de paz, pero en contravía, los titulares de prensa confirman a diario la realidad de la calle, el deterioro de la seguridad y la tranquilidad que están obligadas a garantizar las instituciones. 

Incluso bajo los más "estrictos" toques de queda ocurrieron en la ciudad episodios francamente inconcebibles. 

Manos criminales incineraron un kiosko en pleno parque Andrés López de Galarza, a metros de un punto fijo de vigilancia de la Policía, y sobre uno de las más importantes ejes viales de la capital del departamento, delincuentes desmantelaron sin pudor la humilde caseta de una mujer que a través de préstamos "gota a gota" luchaba para no dejar morir el negocio que le daba su sustento. 

En este caso tampoco hubo acción preventiva y menos reactiva de autoridad alguna.

Por segunda vez en un sector popular de la ciudad los vecinos debieron evacuar sus viviendas en la madrugada ante la amenaza de una fuga de gas derivada del intento de vandalizar uno de los medidores, mientras los llamados cuadrantes responsables directos de ejercer el control sobre el territorio probablemente dormían su turno. 

Pero no sólo pasa bajo la complicidad de la noche. También a plena luz del día mediante modalidades calcadas y sistemáticas operan motorizados que  además de usar el raponazo como la más inocente de sus fórmulas, acechan a sus víctimas intimidándolas  a  través del uso de armas fuego, como ha ocurrido recientemente. 

Confieso vi estremecido el registro fílmico del hurto del que resultó blanco, hace apenas unos días, la colega periodista Paola Martínez, el replay además de despertar la solidaridad, sólo alienta la indignación e impotencia de todas esas otras víctimas ultrajadas, vulneradas en sus derechos y casi siempre solo abrigadas por la impunidad. 

Este caso a diferencia de otros tuvo final feliz. Sin embargo, no debería ser la excepción por la que tenemos que aplaudir o exaltar el papel de la Policía, preferiríamos fuera la regla en el cabal cumplimiento de su mandato constitucional y legal frente a los ciudadanos. 

Sería prudente a estas alturas que el coronel Jovani Benavides, comandante de la Policía Metropolitana; el secretario de Gobierno, Carlos Portela y el mismo alcalde Andrés Hurtado antes que ufanarse de las cifras decorativas y maquilladas con las que se tranquilizan, donde claramente no caben los subregistros de las víctimas que se abstienen de denunciar, revisaran indicadores como los de la encuesta "Mi Voz, Mi Ciudad" adelantada de manera independiente por el programa Ibagué Cómo Vamos. 

Por lo menos debería despertarles algún grado de inquietud que el  62% de los consultados hayan manifestado sentirse inseguros en Ibagué, sin distingo de estratos y que el 56% tengan la misma sensación cuando se les consulta por la seguridad en su entorno más cercano: el barrio. 

Pero aún más que el 35% de los encuestados admite haber sido víctima de un delito durante la pandemia. 

Datos que ameritan ser leídos cuidadosamente como sustento para propiciar ajustes serios y correctivos a las políticas de seguridad ciudadana del actual gobierno, procurando que la comunidad recupere la confianza en las autoridades y perciba realmente esta como una ciudad segura.

Lejos de acusaciones de sabotaje político o mediocres resultados estadísticos que son más una victoria del virus y las extendidas cuarentenas que de una intervención estratégica y real.