En Colombia no se puede subestimar el poder de las fuerzas oscuras que cobardemente se ocultan bajo la sombra del anonimato, porque aunque en la creencia popular, 'perro que ladra, no muerde', son incontables los casos en los que el perro ha ladrado como señal de advertencia y muchos han preferido mirar hacia otro lado. 

En los peores tiempos de la guerra contra el cartel de Medellín, Gustavo Zuluaga Serna, un valeroso magistrado, dictó en estricto apego a a la ley auto de detención contra Pablo Escobar y su primo, Gustavo Gaviria. 

La acusación, comprometía a ambos con el asesinato de dos agentes del DAS que habían descubierto un cargamento de cocaína encaletado en las llantas de un camión. Muchos actos de intimidación directa sucedieron a la determinación del operador judicial. 

Según relatos de su familia, durante cuatro años el magistrado recibió coronas y sufragios pretendiendo acallar por sobretodo su incorruptible posición frente al crimen. 

En una ocasión la esposa de Zuluaga Serna fue interceptada en un retén y testigo directo de la manera como sujetos armados, enviados por el capo, la obligaron a descender del vehículo donde viajaba para luego dejarlo rodar hacia el precipicio. 

Al final, Gustavo Zuluaga cayó víctima de los gatilleros de Escobar. No menos indignante que esta historia es la del juez Tulio Manuel Castro quien llamó a juicio al Jefe del Cartel de Medellín por el homicidio del ministro de Justicia, Rodrigo Lara. 

Su asesinato se produjo el 23 de julio de 1985, ocho días antes de posesionarse cómo magistrado auxiliar, tras bajar de un taxi en la calle 45 con avenida Caracas, en Bogotá.  Aunque su viuda persiguió insistentemente los principios de verdad y justicia, todos los jueces que conocieron el expediente de su esposo terminaron por dejar vencer los términos, acorralados por el miedo a correr idéntica suerte. 

Hoy más de 30 años después esas prácticas siniestras siguen vigentes; la coacción a los jueces cuando el poder no les alcanza para comprar fallos, consciencias o frenar investigaciones sigue siendo el  instrumento de las mafias que creen ser inmunes a la justicia y la verdad. 

Y aunque estas conductas heredadas de los carteles prevalezcan, lo que hoy no se puede tolerar es que habiendo pagado una cuota de sangre tan alta (más de 5000 muertes atribuidas a Escobar) las lecciones sigan sin aprenderse, desconociendo el peso de la historia. 

Recientemente se supo que en Ibagué al juez Segundo Penal del Circuito,  Henry Hernán Beltrán, quien conoce el proceso contra el alcalde Andrés Fabián Hurtado Barrera, por el caso de los piques ilegales, le fue retirado su esquema de protección. 

El mismo que se le había sido concedido tras recibir amenazas de muerte en su despacho cuando Hurtado era todavía candidato y el que ya en una ocasión había tenido que defender a través del mecanismo de tutela ante la amenaza de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de levantar la escolta asignada. 

Ya el Tribunal Superior del Tolima había autorizado un cambio de radicación a otro distrito judicial, considerando el riesgo que podía representar no sólo para la integridad de su operador sino para el proceso cuyo reloj de arena corre en contra.

Sin embargo, la Corte Suprema, revirtió la decisión facultando al juez Beltrán para seguir conociendo el caso. En esta instancia, sin que se conozca de dónde pueden provenir tales presiones injustificadas, lo único cierto es que Estado y sociedad civil estamos obligados a rodear a quienes están del lado de la Constitución y la Ley. 

Obligados a levantar la voz para no caer en la complicidad de los que creen que el perro que ladra no muerde. No pueden sucumbir las instituciones a la acción de estructuras criminales y corruptas que usan como estratagema el miedo para ganar tiempo en su carrera por la impunidad. 

Si hay responsabilidades penales en estos procesos se debe llegar al fondo del asunto, aunque ello pase por la imposición de condenas, sin importar quién o quiénes sean sus autores.  Ahora más que nunca la respuesta del aparato judicial ante este episodio debe ser imprimir celeridad en un solo frente con la Fiscalía y la Procuraduría General para evitar a toda costa la prescripción y en consecuencia la burla a la justicia. 

Al Juez Segundo Penal del Circuito de Ibagué, deben otorgársele todas las garantías para que pueda hacer su trabajo con independencia sin que ello signifique exponer su vida o la de su familia. 

Mientras eso ocurre, como dicta el deber ser, señor Juez, debe tener certeza que como el autor de esta columna hay cientos de ciudadanos en las calles identificados con el respaldo pleno a su proceder, alentando su gallardía y valor, confiando en que por su conducto brillará la justicia