Desde hace poco menos de un mes Cortolima estudia si viabiliza o no el proyecto para instalar el servicio de gas natural que en teoría beneficiaría a habitantes de una amplia zona del Cañón del Combeima. Según el alcalde, Andrés Fabián Hurtado, el compromiso se circunscribe a nueve sectores del corredor turístico, puntualmente:  Juntas, Villarrestrepo, Pico de Oro, Pastales, Llanitos, Tres Esquinas, Ramos y Astilleros, Berlín y Cay.

El discurso oficial sostiene que se trata de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de nuestra Ibagué rural, de propiciar condiciones de desarrollo y competitividad para el turismo. Todos loables. Sin embargo, leída entre líneas, la iniciativa podría tener múltiples connotaciones.

No se trata de asumir posiciones mezquinas como algunos editorializan, menos de sectarismos políticos que le ponen palos en la rueda al quehacer de quienes gobiernan, solamente de darle valor al sentido común y la ley.

Y es que si bien, ampliar la cobertura de servicios públicos necesariamente se traduce en oportunidades de progreso, no se pueden perder de vista el contexto, los antecedentes y la historia. Hablamos de un ecosistema frágil, que en los últimos 10 años ha dado señales reiteradas de inestabilidad, propiciadas en buena medida por el cambio climático con eventos graves como las ampliamente difundidas avalanchas de las quebradas subsidiarias del río Combeima que transformaron el paisaje de la cuenca y afectaron severamente asentamientos humanos.

El Cañón ha sido catalogado por autoridades como zona de riesgo y en torno a ello se ha trazado cartografía detallada desde los estudios de vulnerabilidad incluidos en el Conpes 3570  donde es posible apreciar los numerosos puntos que requieren no solo acciones de mitigación, sino incluso de reubicación de predios por estar localizados en franjas de amenaza alta por eventos torrenciales.

De esa lista solo se excluyen dos de los ocho puntos a donde se pretende priorizar la llegada del servicio de gas. El tema no puede ser visto con ligereza, ni mediado por la emoción o por el afán de cumplir promesas de campaña, antes de evaluar escenarios posibles. ¿Qué sería de estos centros poblados y sus habitantes si como en el pasado resultaran golpeados por un deslave de alta magnitud que a su paso comprometa las redes de conducción?

¿Estaríamos a lo mejor ante un escenario mucho más apocalíptico y destructivo? ¿Una bomba de tiempo con el reloj activo? ¿Acaso resulta en extremo suspicaz pensar que hay intereses más poderosos que el bienestar común y que tal vez lo que se quiere es mejorar las condiciones sobre las propiedades de ciertos caciques políticos con poder de influencia sobre las instituciones involucradas en esta decisión?

No puede, ni debe Cortolima pasar por alto que los estudios enmarcados dentro del Conpes 3570 constituyen un determinante ambiental a la luz del Plan de Ordenamiento Territorial de Ibagué, con visto bueno de los Comités Departamental y Municipal de Gestión del Riesgo y aún más están incorporados al POMCA de la cuenca mayor del río Coello (de la cual hace parte el Combeima) que es superior en jerarquía normativa.

Pero además no se puede perder de vista que existe un rezago en los compromisos trazados frente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con respecto a las obras de mitigación en la parte alta, la actualización del censo de las propiedades por reubicar, muchas de las cuales hoy han sido objeto de ampliaciones con rellenos hacia las zonas de riesgo, y la necesaria postulación de estas familias a los subsidios para su relocalización.

Como si fuera poco, otros análisis de entidades como la Universidad Nacional sobre riesgo por acción eruptiva del volcán cerro machín, sugieren la reubicación de alrededor  de 12 mil inmuebles, algunos de ellos en la zona de influencia del cañón.

No es al final la corporación ambiental quien tenga la última palabra en este asunto, más bien la administración municipal y su Secretaría de Planeación a partir de un estudio juicioso de los instrumentos técnicos y legales al alcance para no terminar cayendo en una equivocación mayúscula que antes que generar detrimento al patrimonio público represente un costo en vidas humanas.