Después de ganarle el pulso a la minería de oro, el cultivo de aguacate Hass que al principio parecía ser una alternativa productiva, amigable con el medio ambiente para los campesinos de Cajamarca, empezó a escalar a otras dimensiones, al punto de amenazar con convertirse  en extractivismo puro, disfrazado de sostenibilidad. 

Las denuncias documentadas por varias organizaciones de la sociedad civil apuntan a que al menos dos multinacionales, una de origen chileno y otra peruana estarían adquiriendo amplias extensiones de terreno para fomentar la siembra de este producto, comercialmente muy apetecido en el exterior, propiciando a cambio el desplazamiento de pequeños agricultores hacia las zonas  altas de la cordillera. 

Pero más allá del impacto social, ya de por sí grave, otro fenómeno que enciende las alarmas es el acelerado deterioro del ecosistema, que podría tener consecuencias devastadoras. 

Las imágenes son tan sobrecogedoras como inauditas. 

Maquinaria pesada abriendo vías en medio de bosques de Palma de Cera, en otrora explotados para comercializar ramos en temporada de Semana Santa. 

Amplias extensiones del árbol nacional derribadas o reducidas a cenizas por quemas provocadas y una ampliación descontrolada de la frontera agrícola son prueba tácita de que algo sombrío está ocurriendo en la región. 

No es siquiera pensable que puedan atribuirse responsabilidades a finqueros o cultivadores cuando la intervención deforestadora está mediada incluso por retroexcavadoras. 

Aunque el Alcalde de Cajamarca se autoproclama defensor del medioambiente, las denuncias en la Umata, al parecer, quedan engavetadas y la autoridad ambiental con plenas facultades y competencias para actuar, ni se siente.

Tal vez, le queda poco tiempo a la Directora de Cortolima para ponerse al frente de temas tan delicados. Apenas entendible cuando debe repartirse entre funciones de Secretaria de Hacienda adjunta del municipio de Ibagué, atender una agenda de protocolo cosmético al lado del Alcalde de la ciudad y el Gobernador del Tolima, incluso en temas que no son de su resorte, y claro, la otra agenda, la del manejo burocrático, clientelista y politiquero de esa entidad. 

Cada Palma de Cera destruida traduce décadas enteras, hasta 200 años en su proceso de crecimiento, además de atentar flagrantemente contra la biodiversidad  y una especie que por su condición particular debería recibir especial protección: el loro orejiamarillo para el que este resulta su hogar natural. 

No es solo la ausencia de las instituciones, la mínima información documentada sobre el estado de los bosques de palma y el silencio ante las quejas presentadas, es también la carencia de políticas públicas  para la preservación de estos individuos.

De acuerdo con grupos ambientalistas, en algunas de estas áreas hoy no existen procesos serios de renovación, y los pocos esfuerzos de reforestación carecen de acompañamiento para asegurar que las plántulas recién sembradas sobrevivan a los embates del clima, la naturaleza adversa y la mano del hombre. 

En escenarios desesperanzadores, esta tendencia llevaría a que a la vuelta de 20 a 50 años, la población de palmas haya disminuido notablemente convirtiendo los bosques de las montañas en potreros y aguacatales. 

Resulta imperativo que ante la indiferente respuesta de las instancias locales y regionales se activen otros mecanismos desde el Ministerio de Ambiente y la Procuraduría Ambiental y Agraria en defensa de este patrimonio de los tolimenses, los colombianos y la región cafetera, donde recién llegamos.

Pero especialmente amparando el derecho de las generaciones futuras que merecen disfrutar la riqueza de este paisaje, más allá del recuerdo de las fotografías de los populares paseos a Salento y el Valle del Cocora.