Desconocer que se han presentado graves violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública durante las protestas en el marco del paro nacional y desestimar el informe argumentado y serio de la CIDH, son acciones del jefe de Estado, que no sorprenden, pero que si causan gran preocupación por parte la comunidad internacional.

Durante la férrea posición de Colombia, en el llamado cerco diplomático al Gobierno venezolano, Duque, fue un defensor acérrimo de los organismos adscritos a la OEA, apoyó la acción de la CIDH, compartió los informes que en materia de violación a los derechos humanos en el vecino país se registraron y exaltó la labor de los organismos internacional en el objetivo de evidenciar el peligroso trato de los cuerpos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro. 

Pero ahora que las duras observaciones son a su Gobierno, Duque, al mejor estilo de un dictador, critica el informe, lo señala de peligroso y argumenta que "Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad". Esta posición, absurda por demás, deja muy mal parada la política de seguridad del Estado, muestra el lado más represivo del Gobierno Nacional, y genera alta preocupación en las organizaciones sociales, sindicales y demás, que no ven ningún tipo de garantía para del constitucional derecho a la protesta social. 

El informe entre otras recomendaciones se centra en la urgencia de separar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, limitar las sanciones de funcionarios elegidos por voto popular, ley recientemente aprobada en la reforma al Código Disciplinario, y prohibir el uso de la fuerza letal como recurso para controlar del orden público.

El documento de 48 páginas también se refiere con alta preocupación al uso desproporcionado de la fuerza, la violencia basada en género, la violencia étnico-racial, la violencia contra periodistas y contra misiones médicas, irregularidades en los traslados por protección, y denuncias de desaparición; así como el uso de la asistencia militar, de las facultades disciplinarias y de la jurisdicción penal militar.

Las muertes, mutilaciones, desapariciones, civiles armados y exceso en la utilización de la fuerza por parte del ESMAD, son minimizadas por el Estado y pareciera no interesarles resolver cada una de las situaciones. Según el Gobierno hay 21 muertes relacionadas con la protesta, pero para las organizaciones de Derechos Humanos la cifra se eleva a más de 70 casos.

El negacionismo de Duque, lo único que genera es mayor desconfianza y mayor descontento en la población colombiana y mayor observación de la comunidad internacional que continuará investigando y pronunciándose sobre los lamentables hechos ocurridos en el país.