El pasado 20 de julio inició el último periodo legislativo de los congresistas que fueron electos en el año 2018 y que culminará el 2022 junto con el gobierno del presidente Duque. Dentro de los tantos temas que se debatirán al interior del Congreso, estará uno que tiene todas las miradas encima y que fue el detonante de las manifestaciones de hace un par de meses, la reforma tributaria. 

El proyecto de ley que se radicó con mensaje de urgencia, busca recaudar 15,2 billones de pesos al año, según lo expresado por el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo Abondano; en él, se plantea la extensión de programas sociales como Ingreso Solidario hasta diciembre de 2022 y que llegaría a más de 4 millones de hogares a partir de abril de 2022.

También, a partir de julio de 2022, quienes estén catalogados en pobreza y pobreza extrema monetaria, obtendrían un apoyo en promedio de $267.579 y $195.906, el cual dependerá de su nivel de ingresos. De la misma manera, se pretende crear un incentivo a la creación de nuevos empleos para jóvenes y el resto de la población, con un subsidio del 25% de un salario mínimo con el que se alcanzaría a cubrir las contribuciones a pensiones, cajas de compensación y riesgos laborales, del cual se espera beneficiar a cerca de 319.000 jóvenes; más la extensión de varios programas como el de apoyo a la nómina (PAEF).

Las intenciones desde luego son buenas, sin embargo, la gran pregunta es: ¿de dónde saldrá la plata?

Al menos el gobierno cumplió con evitar expandir el IVA a productos esenciales de la canasta familiar, gravar las pensiones y poner a declarar renta a las personas naturales; no obstante, de los 15,2 billones de pesos que se quieren recaudar, los empresarios aportarán el 69%, entre los que se destaca la sobretasa a las entidades financieras, mientras que el 31% saldría de la reducción gasto ppúblico y de la lucha contra la evasión.

Esta versión 2.0 de la reforma tributaria parece satisfacer las expectativas de todos los sectores sociales, empresariales y políticos; además,  porque es urgente y necesario que la reforma  se de, no solamente por lo imperioso de acelerar el proceso de reactivación económica, sino para recuperar el terreno perdido frente las calificadoras de riesgos internacionales que abren la puerta a la inversión extranjera, cierran la brecha de la devaluación de nuestra moneda frente al dólar y el más importante, por fin, se está pensando en darle la mano a los que realmente la están pasando mal como consecuencia de la crisis, pues vale recordar, que más de la mitad de los colombianos está viviendo con menos de trescientos mil pesos al mes.