Los departamentos en Colombia dependen del cigarrillo, alcohol, cervezas y los juegos de suerte y azar, para que sus rentas sean robustas y presupuestalmente permitan financiar el Plan de Desarrollo y los programas de prevención para buscan la salubridad y la sanidad de sus ciudadanos.

Tomemos como ejemplo el departamento del Tolima, su presupuesto aprobado por la Asamblea Departamental para la vigencia 2022, estipula $286,378,588,000 millones de pesos como Ingresos Tributarios de los cuales solo por impuesto al Consumo de Cerveza son $104.006.136.000 y $46,112,499,000 por Consumo de Cigarrillo, por otro lado de los ingresos no tributarios $53.922.025.00 son de participación de derechos de monopolio correspondientes a derechos de Juegos de Suerte y Azar $14,788,375,000 y Participación de Licores destilados $39.133.650.000, lo cual refleja la dependencia de estos conceptos presupuestales para financiar fiscalmente el funcionamiento de la entidad y algunos programas y proyectos de inversión pública.

Es un contrasentido que un gobernante intente evitar el Consumo del Cigarrillo por los efectos adversos a la salud, expidiendo leyes y reglamentado que un porcentaje inmenso de la publicidad del mismo empaque del producto, explique al consumidor las consecuencias graves e irreversibles que causa fumar y por el otro lado depende $46,112,499,000 millones de pesos para financiar el presupuesto de la vigencia y poder desarrollar el Plan de Desarrollo, esto sin entrar a explicar las consecuencias del exceso de alcohol, cervezas y los juegos de azar como drama familiar al consumidor impulsivo que no puede evitar continuar con el vicio, pero el departamento necesita de ese consumo para pagar la nómina de funcionamiento del departamento que cuesta $167,096,622,27.

Esta forma de determinar el presupuesto de los departamentos, debe llamar a la reflexión sobre el modelo de financiamiento público de los entes territoriales, pues el esquema tributario actual es injusto en la distribución de las rentas nacionales versus las responsabilidades de municipios y departamentos, cuyas responsabilidades constitucionales superan su capacidad presupuestal, pues basta con dar el ejemplo de las vías urbanas y rurales totalmente deterioradas por escasez de recursos para recuperarlas o la falta de recursos para apalancar el aparato productivo y el emprendimiento. Generalmente los gobernadores y alcaldes se ven en la necesidad de mantener con la totuma ante Ministerios y Congresistas con el objetivo de poder financiar su Programa de Gobierno, el cual depende totalmente de la discrecionalidad y del favor del partido político del 2 gobierno de turno, lo cual es totalmente inconveniente y centralista, ya que rompe la autonomía de los entes territoriales ordenada por la Constitución Política de Colombia, pues lo normal debe ser una distribución de competencias y la asignación de rentas suficientes que permitan de manera objetiva ejecutar las obras y no depender del favor discrecional del gobierno nacional.

Es urgente una nueva reforma que redistribuya funciones y recursos de la nación, los departamentos y municipios que sea más equitativo y prioritario para el desarrollo humano, pues no es justo ver los 33 billones para el sector defensa nacional con respecto a los escasos 2 billones para el campo Colombiano, la confección propia del modelo constitucional requiere justicia y equidad de los recursos para poder desarrollar un modelo económico y social que sea mas justo, que potencie el desarrollo de las nuevas tecnologías para ser más productivos y competitivos, que permita priorizar los beneficios sociales a la par del crecimiento económico.

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