El informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), muestra que en los países en los que el Cannabis fue legalizado, se observan aumento del consumo diario además de un mercado paralelo ilegal que aprovecha los altos costos ocasionados por los impuestos estatales a estas sustancias. Hay quienes venden a un más bajo costo como viene sucediendo en los Estados Unidos, donde ya existen organizaciones ilegales haciendo de las suyas. 

Para entender bien esta situación, lo primero que hay que reconocer es que vivimos en una sociedad hipócrita que se tapa los ojos ante lo evidente. A pesar de la lucha contra las redes de microtráfico, el consumo, la dosis personal y el aprovisionamiento no se tipifican en el código penal por lo que se puede decir que en Colombia prácticamente existe una legalización de hecho. Drogas de todo tipo se encuentran a la vuelta de la esquina en la gran mayoría de ciudades y municipios donde existen cadenas de microtráfico que cuentan con distribuidores, vendedores mayoristas o minoristas (jíbaros) y como se les diría en las altas esferas “dealers”, que no es otra cosa que un jíbaro elegante que se mueve entre clientes exclusivos. 

La propuesta de legalización ha tomado una nueva dinámica a raíz del discurso del presidente Gustavo Petro en el foro de la ONU, así como por las declaraciones del director de la DIAN en torno a la legalización de la cocaína. Pero, más allá de los apasionamientos al respecto y del tabú de establecer unas concertaciones sensatas que permitan tomar decisiones de fondo, hay que entender todas las aristas de esta problemática. Para algunos analistas, el alcohol es una “droga” que trae peores efectos sociales, familiares, psicológicos y físicos-

La lucha contra las drogas que inicia de manera oficial desde principios de los setenta en la Presidencia de Richard Nixon, ha vertido más sangre que muchas guerras juntas. Adicionalmente ha segregado poblaciones y convertido a países en parias; en el imaginario histórico nacional sobreviven los recuerdos de las luchas contra el Cartel de Medellín, las muertes de Pablo Escobar o Rodríguez Gacha ¨el mexicano¨ y las capturas del Cartel de Cali con la detención y posterior extradición de los Rodríguez Orejuela. Más adelante, el control del narcotráfico pasa a manos de los mexicanos con los Carteles de Sinaloa cuyo fundador Joaquín el ¨Chapo¨ Guzmán ahora cumple cadena perpetua y a pesar de su captura, el negocio lo sostienen sus hijos Ovidio e Iván Guzmán. Así mismo sigue vigente una nueva generación del Cartel de Jalisco con Nemesio Oseguera ¨el Mencho¨, los Carteles Unidos de Michoacán y Guerrero y el Cartel de Caborca con los hermanos Rafael y Miguel Ángel Caro Quintero. Todo esto es prueba fehaciente que, muerto un capo o hecho prisionero, surge otro y así sucesivamente por una sola razón: el negocio de la droga es extremadamente lucrativo.

Las políticas antidrogas han fracasado rotundamente. Solo en Colombia, los cultivos ilícitos de coca con fines de narcotráfico se incrementaron pasando de 143.000 hectáreas sembradas en el 2020 a 204.000 en el 2021. De hecho, la misma historia nos demuestra que la prohibición genera el efecto totalmente contrario; así pasó con la ley seca en los Estados Unidos que buscaba la prohibición de bebidas alcohólicas impuesta a través de la Enmienda XVIII de la Constitución de ese país y tuvo vigencia por trece años, derogada posteriormente por la Enmienda XXI en Presidencia de Franklin Roosevelt en 1933, ya que esta prohibición solo generó niveles de violencia inusitados que traen los recuerdos del famoso Al Capone.

Suponer que la legalización en Colombia es una alternativa correcta y eficiente para disminuir la comercialización y distribución por parte de grupos ilegales se podría convertir en una utopía. ¿Desmontaría el negocio de la muerte?, ¿podría mejorar las finanzas públicas a través de los impuestos a la producción? 

La legalización además de ser una tendencia que ya ha tomado madurez en países como Malta, Uruguay, México, Estados Unidos, Canadá, Holanda entre otros, es un paso necesario que se debe dar en Colombia. Competir contra la ilegalidad a partir de la comercialización de productos certificados y formales podría desarrollar una creciente industria como la del Cannabis. Por cierto, los actores de esta cadena avanzan en la gestión para obtener el reconocimiento como encadenamiento productivo en Colombia. Vale la pena anotar que, para recorrer este camino de la legalización, se debe articular un estricto control por parte de las entidades del Estado que tienen injerencia, así como realizar una muy acertada planificación para garantizar la sostenibilidad del negocio; de lo contrario el país no estará preparado para que “la traba, no traiga ríos de sangre”.