Para la vigencia 2023 se tiene proyectado un presupuesto para Ibagué por el orden de los $801.416 millones, que se aumentan a $862.312 millones incluyendo los presupuestos del IMDRI e INFIBAGUE, cifra que, aunque parece considerable, realmente no lo es. Vale la pena destacar que de esta partida más del 70% corresponden a recursos de destinación específica a través del sistema general de participaciones SGP, que como tal cubren asignaciones salariales para docentes oficiales y administrativos del sector educativo, personal de la salud y otros compromisos de destinación específica, por lo que estos recursos no pueden ser destinados en otras necesidades prioritarias del municipio.

Este análisis financiero se debe orientar concretamente a los llamados recursos de libre destinación o ingresos corrientes de libre destinación ICLD, los cuales son recaudados a partir de impuestos municipales como lo son: Predial, industria y comercio, sobretasa a la gasolina y otros impuestos, que sumados los recaudos proyectados para 2023 sumarían algo más de $219.000 millones. Estos son los recursos con los que cuenta la administración  municipal y el gobernante de turno para efectuar las inversiones programadas en al Plan de Desarrollo en atención a temas de infraestructura, desarrollo económico y agropecuario, atención social y proyectos estratégicos, entre otras inversiones; lamentablemente en el caso de Ibagué, estas fuentes de financiación están bastante comprometidas, ya que las mismas están pignoradas en parte para garantizar la atención del servicio de deuda (pago de capital e intereses) de los créditos contraídos por las administraciones de turno, que con los últimos endeudamientos ya llegaron a los topes de lo permitido por las leyes 358 de 1997 y 613 de 2000 que regulan el endeudamiento de las entidades territoriales, motivo por el cual, el nuevo burgomaestre que tenga Ibagué a partir del 2024, tendrá una muy baja capacidad de maniobra y endeudamiento. Es de anotar que, todos los créditos contraídos por la alcaldía están atados a las DTF, por lo que si se compara la DTF por ejemplo a finales de Octubre de 2015, promediaba los 4.72% E.A y ahora a inicios de Noviembre de 2022 está al 11.23% E.A, en tal sentido solo por efecto del incremento en esta tasa de financiación se están pagando mucho más intereses que antes, comprometiendo de una manera alarmante los recursos del municipio en el servicio de deuda, quedando mucho menos para inversión social e infraestructura.

Es importante anotar que por varios de los créditos recientes (últimos 3 o 4 años) solo se están pagando intereses, ya que fueron contratados con tres años de gracia a capital, por lo que el siguiente gobernante tendrá que adicionar a sus pagos crediticios la amortización a capital.

Este panorama es el que recibirá el próximo alcalde, quien tendrá que atender problemas gravísimos en infraestructura vial y redes de acueducto y alcantarillado que se encuentran obsoletas, una ciudad colapsada que requiere con urgencia vías nuevas, viaductos y repartidores en zonas como la calle 60 y el sector de Mirolindo, problemas en el suministro de agua en más del 30% de la ciudad y un desempleo galopante e indicadores de inseguridad cada vez mayores, así mismo con un poca maniobrabilidad ante el gobierno nacional para conseguir recursos ya que el mismo gobierno central tiene un hueco fiscal enorme que no será cubierto con la reforma tributaria actual y menos aún sin la exploración de nuevas reservas petroleras que usualmente contribuían con más del 50% del PIB Nacional, por lo que los recursos para las regiones serán bien limitados.

Ante esta situación financiera surgen varios interrogantes para ser planteados a los precandidatos a la alcaldía de Ibagué: ¿Conocen la situación financiera del municipio?, ¿Qué propuestas reales y no populistas podrán plantear los aspirantes a dirigir la ciudad musical de Colombia?, ¿Qué estrategias plantearían de cara a una administración pública innovadora en términos de desarrollo económico y crecimiento del tejido empresarial? (a mayor número de empresas, mayor tributación).

Ante este panorama se puede concluir que Ibagué más que un alcalde político necesita un gerente de ciudad, una persona, que tenga la capacidad de articular los sectores (estado, empresa, academia y sociedad) y proyectar la ciudad hacia un escenario de futuro, claro está, sin dejar de resolver los problemas heredados del pasado. Ibagué necesita un mandatario que genere confianza, autoridad y respeto para ordenar el territorio y establecer un norte que permita desarrollar las vocaciones económicas para hacer de Ibagué en un destino empresarial, de hábitat y servicios, deportivo, turístico, logístico y de inversión.

Ibagué lo tiene todo (dimensión de territorio, ubicación privilegiada, conectividad, clima y talento humano) la clave está en saber identificar los problemas, causas y sus soluciones; administrar correctamente las finanzas públicas, gestionar recursos y proyectos público-privados, así como trazar una ruta estratégica (visión 2050) para construir el futuro que merecen las nuevas generaciones. De lo contrario la historia nos juzgará como una generación de pusilánimes que poco o nada hizo por Ibagué, la responsabilidad es de todos.