En los próximos comicios regionales, aprovecharse o no de la coyuntura política nacional, sería la gran disyuntiva electoral, aún comprometiendo la neutralidad que obliga, las buenas y necesarias relaciones interinstitucionales, en un sistema centralista como el nuestro, donde municipios y departamentos, dependen claramente de programas, recursos y transferencias nacionales.

Marchar como candidato contra el gobierno central, podría resultar rentable para quienes piensan solo en la mecánica de ganar elecciones, haciendo oposición y canalizando malestares ciudadanos; pero seguramente no, para aquellos que apuestan a ganar con ideas y propuestas.

Pero es que en sana lógica, a un candidato continuista, le queda bastante difícil sustentar una propuesta programática, cuando su tarea se reduce a justificar, lo que hizo y dejó de hacer, su jefe o mentor político. Por ello, siempre acuden a su entorno para confundir y hacer creer que desde lo local se incide en lo nacional, aprovechándose de factores situaciones que no manejan, pero que, acomodándose, aprovechan en conveniencia. Convocar y confrontar al gobierno nacional en las calles podría ser rentable en estas próximas elecciones, pero inútil para las próximas administraciones, cuando se expone a varios años de improductivas relaciones con un gobierno central y centralista. 

Los alcaldes como autoridades administrativas en ejercicio, cuando invitan a marchar en contra del gobierno, si lo hacen a conciencia, y exclusivamente como un cálculo meramente electoral, apostando a como de lugar, por la sucesión de sus administraciones, sin importar que solo queden meses, para pasar a uso de buen retiro. En Colombia para un alcalde o gobernador, importa más un sucesor político, que una sanción política; por ello, no importa retar autoridades y otros poderes, o quizá victimizarse con una sanción disciplinaria.

Sin excesos ideológicos y pensando que el país si necesita de cambios sensatos y acuerdos para avanzar; debe dejársele esa tarea de la confrontación política nacional y reformas estructurales, a quienes han sido elegidos para ello, o sea, a los congresistas, y esperar que sean ellos, y no los alcaldes en ejercicio, o candidatos a sucederlos, quienes la promuevan. Más bien que los mandatarios locales se concentren en resolver su problemática, que para la mayoría de ciudades emergentes como la nuestra, es innumerable.      

Ahora bien, la conveniencia política electoral podría justificarse para quien no tenga argumentos, ni programas que sustentar, y sobrepongan la mecánica política electoral sobre sus ideas y propuestas, pensando hacerse elegir inclusive, a costa de una futura mala relación institucional, con un gobierno que aún está iniciando la ejecución de su Plan Nacional de Desarrollo, y más aún, cuando ese plan, no refleja la disponibilidad clara de recursos para su región.

Ibagué, por ejemplo, no es Bogotá, Medellín ni Barranquilla, donde se tiene algo de autonomía presupuestal, y eso que es un decir, porque inclusive sus grandes proyectos requieren estar apalancados con recursos nacionales para viabilizarlos. Y es que Ibagué como ciudad intermedia, su presupuesto anual solo llega a los $862.000 millones, de los cuales solo $274.000´ son recursos propios, procedentes en su mayoría, de predial, industria y comercio, y sobretasa a la gasolina. Significa que tan solo el 31%, es de libre destinación, y el resto, fruto de transferencias, regalías y gestión que se logre desarrollar con el gobierno nacional, restando en este caso, un endeudamiento del 100% de su capacidad. Mientras sea esa la dependencia y condición promedio, mayor es la importancia de una buena y fluida relación, entre alcaldes y gobierno nacional, y mayor la oportunidad de solucionar los grandes y graves problemas que allí se tienen. No significa que la ciudadanía deje de expresarse o tome partido, pero el representante legal de un municipio, ciudad o departamento, cualquiera que sea, debe apostarle a una sensata neutralidad institucional, dejando que sean congresistas y otros actores políticos, los que afronten esa controversia nacional. 

Queda el dilema, si marchar contra su propio gobierno, es oportunismo electoral o un acto de irresponsabilidad política de alcaldes y/o candidatos, a sabiendas que las buenas relaciones interinstitucionales deben imperar en beneficio de los que se gobierna o se quiere gobernar.