Después de los particulares interrogatorios a la niñera de la exjefe de gabinete del presidente Petro, Laura Sarabia,el país habló por varias semanas del uso del polígrafo, prueba que se hizo célebre en la primera década de este siglo en Colombia, por un programa concurso emitido enhorario estelar en el que los concursantes obtenían premios en efectivo por la fidelidad de sus respuestas.

Y aunque pareciera una propuesta traída de los cabellos, esa idea de someter a la máquina de la verdad a quienes por estos días juran tener las manos limpias y prometen, más de lo que se comprometen, podría hasta resultar una fórmula efectiva.

Si todo aquel con intenciones de gobernar pasara por el detector de mentiras, lejos de pensar que se vulneran derechos fundamentales, le haríamos tamaño favor a la democracia y al país.

Nos ahorraríamos el dolor de cabeza que traen las crisis de gobernabilidad, cada vez que terminan cayéndose los elegidos al estar incursos en inhabilidades y destituciones.

Ganaríamos tiempo para la ejecución de obras y proyectos necesarios en los territorios y que acaban por estancarse,ante el forzoso relevo de quien fue ungido con el favor de las mayorías para orientar los destinos de una ciudad o región. 

El paso por el polígrafo también protegería nuestras finanzas públicas, al evitar gastos innecesarios en convocatorias a elecciones atípicas cada que un gobernante es separado de su cargo. 

Y aunque hay quienes puedan pensar que una medida de estas características transgrediría el principio de la buena fe, probado está que, en el ejercicio de la política, lo más prudente es no fiarse de nadie.

Aterrizando en la parroquia, en medio de una campaña agitada recientemente por acusaciones que van y vienen, la máquina de la verdad hubiese resultado una alternativa ante las respuestas discretas frente a asuntos sensibles que deberían ser objeto de consideración, antes de dar el voto por uno u otro candidato.

Si como en la sabiduría popular "cuando el río suena, piedras lleva", la ciudad debería hoy poder tener claridad si existen vínculos de campañas o alguno de sus integrantes con redes criminales.

Esos mismos aspirantes señalados, deberían poder mirar a los ojos a los ciudadanos y certificar de quién o quiénes están recibiendo financiación, más allá de la evidente trampa a la organización electoral en el reporte de sus gastos y cuentas.

También deberíamos poder saber si entre quienes pretenden ser electos como alcaldes o gobernadores, existe si quiera un asomo de duda por investigaciones en curso ante las instancias judiciales.

O si por su proceder en lo público, más allá de la existencia de una sanción, algún órgano de control les indaga por hechos que se relacionen con la malversación del erario o el inadecuado proceder desde lo disciplinario.

Sin hipocresías, pregunta obligada debería ser si alguno de ellos es el candidato del alcalde o el gobernador de turno.

Si alguna vez en su vida se han apropiado de algo que no les pertenece.

Si en desarrollo de la campaña le han mentido a sus potenciales electores.

E incluso si han apelado a las fake news y la propaganda negra para intentar debilitar a sus oponentes.

Los estímulos neurológicos y cardíacos deberían dejarnos saber qué tanto se agitan algunos de ellos cuando se les menciona el nombre de ciertos gamonales y qué tanta independencia tendría para ejercer su liderazgo.

En tanto, bajo este escenario hipotético, la gran incógnita que nos quedaría a quienes hacemos las veces de electores en este juego de roles es ¿cuántos y quiénes de esos nueve aspirantes a la Alcaldía de Ibagué pasarían la prueba?