Colombia actualmente tiene 1.103 municipios, los cuales están organizados en siete categorías como lo son: especial, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, más de 950 municipios, algo así como un 86%, pertenecen a la sexta categoría. Municipios relativamente pobres que, con sus pírricos recaudos apenas tienen para pagar la nómina y hacer algunas modestas inversiones. 

Para no ir tan lejos miremos el caso del departamento del Tolima, donde la categorización de municipios respecto del límite de gastos de funcionamiento muestra que solo un municipio pertenece a Primera Categoría: Ibagué, un municipio pertenece a Cuarta Categoría: Espinal, uno a Quinta Categoría: Melgar, el resto de los 44 municipios se encuentran en Sexta Categoría. En lenguaje práctico esta categorización se da por: Número de habitantes, Ingresos corrientes de libre destinación, Importancia económica y Situación geográfica.

Se ha vuelto costumbre que los alcaldes estén poniendo la totuma a los gobernadores de turno, cuando la realidad de los gobiernos departamentales es más que critica, pues en términos financieros son las entidades que menor recaudo generan. El comportamiento del recaudo tributario total en Colombia muestra que el 85% corresponde a impuestos nacionales, el 11% a impuestos municipales (eso sí, los que recaudan) y el restante, tan solo un 4% corresponde a impuestos departamentales. Una triste realidad, ya que con esa miserable cifra se espera que las gobernaciones financien inversiones relacionadas con temas de infraestructura (vías terciarias y secundarias), educación, salud, saneamiento básico y vivienda entre otros. Es triste decirlo, pero los departamentos viven del vicio: impuesto a los licores, cerveza, cigarrillo y apuestas son los principales componentes de las rentas departamentales.

Aunque parece imposible, de no creer, los municipios de sexta categoría tienen los mismos mecanismos y fórmulas de recaudo que utilizan las ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla. Municipios con pequeños cascos urbanos y grandes extensiones rurales con desactualizados catastros que son inoperantes para recaudar impuesto predial unificado, además sin empresas o industrias (diminutos tejidos empresariales) que generen impuesto de industria y comercio, y una pírrica estación de gasolina donde el recaudo de la sobretasa a la gasolina o ACPM es un imaginario, ¿que podrán recaudar? si ni siquiera cuentan con los recursos para implementar programas de optimización tributaria para recaudar lo que las constitución y la ley ha establecido. 

Alcaldes y concejales viven con la equivocada idea de que, si optan por la opción de cobrar lo que por ley está determinado, estarían sellando su muerte política. Sucede algo particular en casi todos los municipios del país, y es que mientras una hectárea de tierra productiva, con un valor comercial que oscilaría entre los 15, 30 o 50 millones de pesos, el propietario del inmueble quien muy seguramente posee cien o más hectáreas, no pagara por la totalidad más de un millón de pesos anuales por el total de semejante activo productivo. La actualización de los planes de ordenamiento territorial (EOT, POBOT o POT), la actualización catastral y la implementación del sistema de catastro multipropósito deben permitir avanzar en el equilibrio de las finanzas municipales. 

Como lo he manifestado en muchos de mis escritos, el modelo de estado centralista, paquidérmico y obsoleto, heredado del siglo XVIII, forjado en la constitución de 1821, parece que se quedó pegado para siempre y al servicio de unos pocos. El no haber modernizado el estado en su estructura político-administrativa, hoy se traduce en inmensas necesidades básicas insatisfechas, pobreza monetaria extrema, desigualdad y violencia por falta de garantías para alcanzar una paz real y sostenible en esta otra Colombia rural y dispersa.

La Misión de descentralización que adelanta el Departamento Nacional de Planeación DNP, se quedó en papel y palabras. La reforma a entidades territoriales para cambiar la tipología y los mecanismos de recaudos no fue presentada, mientras tanto los municipios siguen siendo las entidades más pobres del país, a diferencia de los alcaldes de ciudades capitales, los alcaldes de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría viven en la mendicidad, tratando de simpatizar con el gobernador de turno o con los congresistas que puedan ir a golpear las cerradas puertas de los ministerios en Bogotá.

Este crónico e insoportable desbalance financiero reduce las posibilidades para que las administraciones que inician su periodo de gobierno puedan elaborar planes de desarrollo ambiciosos que permitan apostar a importantes proyectos e inversiones en pro del desarrollo de los territorios. Ojalá no pasen 4 años más en la misma situación, mendigando y poniendo la totuma al siempre centralista gobierno nacional.