Sólo en el periodo 2016 - 2020, la ciudad llegó a tener cinco representantes del Ministerio Público, incluida la actual personera, Francy Johanna Ardila, quien, ostentando el cargo de Directora Administrativa, recibió el voto de confianza para asumir en encargo esa dignidad, antes de someterse a un nuevo proceso de elección en el que fue confirmada, en medio de reclamos, demandas, falsos romances y voces que alegaban la existencia de una supuesta inhabilidad.

Pero en esa seguidilla de errores ha habido un elemento común: la injerencia de varios de los concejales del municipio más allá de sus competencias naturales, a quienes incluso la Procuraduría y los tribunales han terminado suspendiendo o llamando a rendir cuentas.

Y ha sido en ese coctel de intereses burocráticos, partidistas y politiqueros donde han encontrado oportunidad todos esos vicios que acaban minando la credibilidad y la confianza en las instituciones y de paso echando abajo cada designación.

El panorama actual, no parece distinto. Sobre la última mesa directiva del cabildo recaen acusaciones sobre inconsistencias en las condiciones y términos de la convocatoria y en la recién posesionada junta directiva de la alcaldesa Johanna Aranda, rondan más dudas que certezas, por lo que buscando blindar sus curules se han interpuesto recusaciones y nuevas acciones legales ante los organismos de control.

Mientras eso pasa, es claro que la ciudad termina perdiendo. Cada crisis, cada personero apartado de su cargo por sentencias judiciales, traduce menos oportunidad de vigilancia a las acciones de los gobiernos y sus servidores públicos.

En los últimos años, son mínimos los procesos disciplinarios que han terminado en decisiones sancionatorias, más allá de la existencia de méritos suficientes y cuando más ha ocurrido, se ha pregonado a cuatro vientos la apertura de indagaciones preliminares que se quedan engavetadas, según los intereses de quienes nominan, votan o dan su espaldarazo para investir al Jefe de ese despacho.

Aunque resulte una propuesta sin mayor futuro, bien vendría en Colombia una reforma a los mecanismos de elección de estas figuras, al igual que de los contralores municipales.

Ya bien porque se obligue a los concejos asegurar el rigor del mérito, posesionando a quien mayor puntuación obtenga en las pruebas de selección o porque se explore otro mecanismo que le arrebate de las manos a la corrupción y el clientelismo el control de estos organismos.

Asegurar la real independencia de un personero para cumplir con su función constitucional casi que debería ser un asunto del que se ocupara el estatuto de oposición, dando lugar a que, en el necesario equilibrio de poderes, el control a las administraciones fuera ejercido por sectores independientes o no oficialistas.

Lo contrario es mantener ese ciclo perverso de canje entre nominadores y nominado, en el que se intercambian votos por participación burocrática al interior de esas delegadas del Ministerio Público, una cuota de repartijas que a ninguno siquiera ruboriza.

Aunque los ojos de una minoría calificada están puestos en este proceso, no cabe duda de que esta elección se convertirá en la primera prueba de fuego para un Concejo que renovó su nómina y del que los ibaguereños esperamos menos ‘jugaditas’ y más responsabilidad.

Mientras, solo nos queda confiar a la suerte que el próximo Personero de Ibagué no solo actúe con rigor y determinación, sino que cuando menos logre mantenerse todo su periodo constitucional.