Para este viernes, 22 de septiembre, un nuevo pronunciamiento se hizo público tras la investigación que decidió abrir la Superintendencia de Industria y Comercio, sumado a un pliego de cargos contra la Federación Colombiana de Fútbol, la Dimayor y varios equipos, por el caso de presunta violación de libre competencia y manejos irregulares en los contratos del fútbol femenino.

Por tal motivo, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano convocó una asamblea extraordinaria con el fin de analizar la medida adoptada por la entidad.
Y es que, en la investigación también está involucrado el expresidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez y al actual, Fernando Jaramillo; el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez; el presidente de La Equidad, Carlos Mario Zuluaga; presidente de Cortuluá, Óscar Ignacio Martán, entre otros.

En cuanto a los clubes implicados de la primera y segunda división en el caso, la lista integra al Real Cartagena, Club Deportivo Real Santander, Independiente Santa Fe, Patriotas de Boyacá, Deportivo Pasto, Deportes Quindío, Deportes Tolima, Junior Fútbol Club, Boyacá Chico, Atlético Bucaramanga, Unión Magdalena, Fortaleza Fútbol Club, Atlético Huila, Orsomarso, Deportivo Pereira, Bogotá Fútbol Club, Atlético Nacional, Millonarios, Deportivo Cali, Alianza Petrolera, Envigado, Cortuluá, La Equidad, Cúcuta Deportivo, América de Cali, Atlético Fútbol Club, Once Caldas, y Club Llaneros.

Así mismo, los cuatro elementos claves de la investigación en el fútbol colombiano por parte de la Superintendencia parten de identificar si se habría dado un estándar para que todas las jugadoras tuvieran el mismo salario con la misma duración y prácticamente los mismos valores.

“Los clubes del fútbol profesional colombiano que han participado en la liga femenina colombiana habrían fijado una tabla de salarios, según la cual, de acuerdo con la categoría en la que encaja la jugadora, se determinarían los topes salariales a los que tendría derecho como remuneración por sus servicios”, señaló la entidad.

A ello también se le agrega la renuencia que habría por parte de los clubes para recibir fondos provenientes del Gobierno para promover y desarrollar el fútbol femenino en el país. 

Otro punto expuesto fue la suscripción de un contrato con WinSports con el que prácticamente, según el documento, los derechos de transmisión del fútbol femenino colombiano permitirían únicamente la transmisión de un partido de la liga femenina por jornada y podría ser reemplazado por cualquier otro partido incluso de la liga masculina, es decir que no le daría la importancia correspondiente al fútbol femenino.

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