La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya ha emitido una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin, alegando que es responsable de crímenes de guerra, que incluyen la deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia.

Pese a que este país ha negado en repetidas ocasiones que sus fuerzas hayan cometido atrocidades en Ucrania. El tribunal indicó que los crímenes sí se cometieron a partir del 24 de febrero de 2022, cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala contra el país de Europa del este.

El tribunal igualmente señaló que el líder ruso no ejerció sus competencias para detener a otros que deportaron menores. A raíz de ello, también se emitió una orden contra la comisionada rusa para los derechos del niño, Maria Alekseyevna Lvova-Belova.

Al respecto, Rusia no reconoce la jurisdicción de la CPI y una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores dice que su decisión "no tiene importancia".

Y es que, pese a la orden de arresto contra Putin y Lvova-Belova, la Corte Penal Internacional no tiene el poder suficiente para detener a los sospechosos y sólo puede ejercer jurisdicción dentro de los países que firmaron el acuerdo que estableció la corte.

Y en este caso, Rusia no es signataria del acuerdo, por lo cual es poco probable que ninguno de los dos sea extraditado.