La Procuraduría General de la Nación exigió al Gobierno Nacional revisar urgentemente las acciones y estrategias que viene adelantando para proteger la vida e integridad de los líderes y lideresas sociales, así como de los defensores de derechos humanos. 

Por su parte, el procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Augusto Sarmiento, rechazó los homicidios perpetrados contra esta población en varias regiones del país, al tiempo que señaló que esta delicada situación ha sido advertida por el órgano de control en diferentes escenarios interinstitucionales. 

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“En departamentos como Cauca, Nariño y Valle del Cauca, que fueron priorizados por el Gobierno en el Plan de Emergencia para la atención de este fenómeno, no se observa una reducción en las afectaciones a esta población, lo que nos hace cuestionar la efectividad de esta estrategia”, precisó el funcionario. 

Así mismo, señaló que esta situación aumenta por encontrarnos en un año electoral, “lo que nos indica que las amenazas y afectaciones a los liderazgos sociales son más latentes”.

Y es que, durante el año 2022 fueron asesinadas 215 personas que estaban vinculadas a la defensa de los derechos humanos y al liderazgo social en el país. La cifra representó un registro en estos casos desde que se le hace seguimiento juicioso por parte de entidades como la Defensoría del Pueblo.