En la tarde de este jueves 27 de abril, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra los alcaldes de Ibagué, Cali, Riohacha y Valledupar, por una posible omisión de sus funciones, relacionadas con la atención que deben brindar a las personas privadas de la libertad. Las investigaciones fueron iniciadas a partir de un informe con fines disciplinarios rendido por la Delegada para la Protección de los Derechos Humanos, luego de efectuar múltiples visitas a los centros de detención de las ciudades mencionadas.

De acuerdo con la información entregada por ente de control le abrió investigación al alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera, al evidenciar que el pasado 8 de marzo, los centros de detención transitorios registraban una ocupación de 512 PPL con un nivel de hacinamiento del 731 %, ya que la capacidad máxima de esos establecimientos es de 70 personas. Respecto de la Estación de Policía Permanente Central, gracias a una tutela instaurada por el Ministerio Público se logró que se ordenara la remodelación de esa instalación, donde permanecían 372 personas en difíciles condiciones. 

Por otra parte, el órgano de control le abrió investigación disciplinaria a Jorge Iván Ospina Gómez, alcalde de Cali, tras encontrar un hacinamiento del 477 % en las estaciones de Policía. Además, se detectó que las PPL enfrentan problemas para recibir sus alimentos, así como presentan enfermedades en la piel y tienen dificultades para recibir sus visitas.

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En la capital de La Guajira, se inició investigación contra el alcalde, José Ramiro Bermúdez Cotes. El Ministerio Público encontró en los centros de detención transitorios un hacinamiento del 242 %, pues a pesar de contar con solo 50 cupos, al 8 de marzo pasado permanecían en el lugar un total de 121 personas. La Procuraduría detectó en las distintas estaciones problemas para identificar a las PPL y efectuar su posterior remisión a los establecimientos de reclusión. 

Además, Mello Castro González, alcalde de la capital del Cesar, es investigado al evidenciar un hacinamiento del 930 % en la Estación de Policía La Permanente, donde se encontraron 558 PPL pese a que las instalaciones solo tienen cupo para 60 personas. Se conoció que las mismas no cuentan con un lugar adecuado para recibir visitas y los agentes deben prestar sus celulares y planes de datos para que los detenidos puedan conectarse a sus audiencias judiciales.  

Entre otras pruebas, el órgano de control solicitó a los mandatarios locales relacionar las medidas adoptadas desde que asumieron el cargo, si se han realizado mesas de trabajo para abordar esa problemática, así como señalar los compromisos adquiridos y el grado de cumplimiento. 

Con la apertura de las investigaciones, la Procuraduría busca establecer si en el periodo constitucional de los citados mandatarios se ha dado cumplimiento a las obligaciones legales que tienen esos entes territoriales, específicamente las de crear, dirigir, organizar, administrar, sostener y vigilar las cárceles o centros de detención preventiva, mediante la asignación de recursos, entre otros. 

Finalmente, se pudo establecer que los funcionarios podrán ser escuchados en versión libre si así lo solicitan.