En una Auditoría de Cumplimiento a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) sobre el contrato interadministrativo No. 216144 de 2016 que suscribió esta entidad con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE (hoy ENTerritorio), la Contraloría General de la República constituyó 83 hallazgos administrativos de los cuales 25 tienen incidencia fiscal por $24.140 millones. 

A través de este contrato, el entonces FONADE se comprometió a realizar la Gerencia para la construcción e interventoría, ampliación de cupos, y mantenimiento de la infraestructura carcelaria y penitenciaria de orden nacional requerida por la USPEC, así como la elaboración del Plan Maestro de infraestructura en materia Penitenciaria y Carcelaria, de acuerdo con la información de los diseños que presentó la entidad contratante, negocio jurídico realizado por un valor de $384.039.894.636.

Además de los 25 hallazgos con presunta incidencia fiscal (por valor total de ($24.140.377.771), se constituyeron 34 hallazgos con presunta connotación disciplinaria y 10 con otras incidencias, así como 2 solicitudes de apertura de Indagación Preliminar.

Como resultado de la auditoría adelantada por la Contraloría delegada para el Sector Justicia se emitió Concepto Adverso respecto a la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 216144 de 2016.

Contrato interadministrativo USPEC- ENTERRITORIO La USPEC acordó con ENTerritorio la suscripción del contrato interadministrativo, para adelantar los principales proyectos encaminados a generar cupos y el mantenimiento general de los establecimientos carcelarios y penitenciarios a nivel nacional.

Los recursos entregados por la USPEC a ENTerritorio ascienden a $25.822.880.079, por concepto de gerencia y administración Existen 30 contratos por valor de $148.855.399.322 que representan el 45% del valor total contratado, que se encuentran en niveles de ejecución física menores al 60%, siendo el más crítico Eron Pereira.

Durante los 6 años de ejecución del Contrato Interadministrativo su efectividad ha sido mínima, trasgrediendo el principio de economía establecido en la Constitución Política, lo que ha generado que no se mitigue la crítica situación carcelaria del país, que era el objetivo en el uso de esos recursos.