La Procuraduría General de la Nación alertó a los alcaldes, gobernadores y entidades responsables de la administración de los Centros Transitorios de Detención y URI en todo el país, sobre la finalización de servicio de alimentación que viene prestando la Unidad Nacional Penitenciaria y Carcelaria (Uspec) a partir del próximo 31 de julio de 2023. 

En respuesta a un requerimiento hecho por la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, la USPEC argumentó que suspenderá la entrega de raciones alimenticias, en concordancia con lo dispuesto por la Corte Constitucional en 2022, que asignó dicha responsabilidad a las entidades territoriales que tienen bajo su dirección inspecciones, estaciones, subestaciones de policía, URI, y Centros similares. 

A poco más de un mes de que se venza el plazo otorgado por la Corte para realizar esta transición, la Procuraduría, como garante de los derechos de las personas privadas de la libertad (PPL) solicitó al Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, a las gobernaciones y alcaldías del país, presentar en un término de 10 días sus planes logísticos, administrativos y cronogramas de implementación para para garantizar el suministro de alimentación en los Centros de Detención Transitoria en cada departamento y municipio del país. 

El procurador Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, aseguró que el Ministerio Público verificará estrictamente la respuesta de las entidades territoriales frente a esta contingencia y tomará las medidas preventivas o disciplinarias necesarias para que se asegure la alimentación y así se respeten los derechos humanos de las personas recluidas en estos centros.

Informe de Defensoría

Según la Defensoría del Pueblo, un poco más de 17.500 personas privadas de la libertad (PPL), recluidas en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), se quedarán sin alimentación a partir del próximo 31 de julio.

“Esta es una situación compleja que urge ser atendida no solo porque la falta de alimentos podría generar una grave vulneración a los derechos humanos, también porque existe un alto riesgo de que sea afectado el orden público a causa de una posible parálisis alimentaria”, advirtió el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El informe de la Defensoría, elaborado por su Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, revela también que 22.659 personas se encuentran privadas de la libertad en Centros de Detención Transitoria en el país; de ese número, el 75% recibe alimentación por la Unidad de Servicios Penitenciarios Carcelarios (USPEC), entidad que la suministra pese a que el deber legal les corresponde a los municipios y departamentos.

La situación se vuelve más compleja, ya que en estos centros hay un hacinamiento del 124%, lo que genera otras vulneraciones a los derechos humanos. Datos de la Policía Nacional señalan que 1534 PPL están condenadas y 21.125 se encuentran imputadas.