Asointermedias y Asocapitales se pronunciaron ante la alerta emitida por la Procuraduría sobre la finalización del servicio de alimentación a URI y estaciones de Policía.

En un comunicado aseguran que la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec) “pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad”.

En el documento hacen un llamado a la Procuraduría para “recaer principalmente” en la Uspec. “Para Asointermedias y Asocapitales, la Uspec no solo tiene la obligación legal, sino que además cuenta con el presupuesto suficiente para garantizar la alimentación”.

También entregan cifras de 2023, y aseguran que esa entidad tiene asignados $ 647.000 millones destinados a la alimentación de la población privada de la libertad del país, no solo en cárceles, sino también en otras penitenciarias como las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y las estaciones de policía.

Asimismo, señalan que de las 22 mil personas que se encuentran en las URI y estaciones de Policía, 1.600 fueron condenadas, pero no han sido trasladadas a centros carcelarios.

La Uspec, en su comunicado, dijo que la suspensión se debe a que la Corte Constitucional, en 2022, asignó esa responsabilidad a las entidades territoriales. Por eso, la Procuraduría se pronunció este martes y pidió que, en un plazo de diez días, las alcaldías, gobernaciones, ministerios del Interior y de Justicia presenten un plan logístico, administrativo y financiero sobre cómo será esa transición para el suministro de alimentación en las cárceles y penitenciarias.

Sin embargo, las Asociaciones de ciudades capitales e intermedias aseguraron que la Uspec “interpreta de manera errónea las órdenes (de la Corte Constitucional), las cuales incluyen la obligación de asesorar, acompañar y cofinanciar a las entidades territoriales”.