La Procuraduría General de la Nación lideró una reunión con el equipo directivo del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, tras la cual alertó la inminente cesación de los servicios tecnológicos que tiene contratados la entidad, situación que afectaría los procesos de formación de más de ocho millones de aprendices.

La Primera Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública sostuvo que las diferentes sedes del SENA podrían sufrir la interrupción de sus servicios a partir del próximo 31 de julio, fecha en la que vence el negocio jurídico que actualmente permite ofrecer los diferentes programas, y que ha alcanzado el límite máximo de adiciones.

El organismo de control señaló también que el proceso de licitación actual se encuentra suspendido, hecho al que se sumó la falta de claridad sobre la disponibilidad de recursos disponibles para darle continuidad al programa de formación y la imposibilidad de cumplir con los términos de contratación sin dejar de prestar el servicio.

El Ministerio Público solicitó a los directivos establecer mecanismos para garantizar la prestación del servicio, definir alternativas técnicas y establecer un plan con los posibles escenarios y las contingencias que tendrían que ser resueltas desde agosto en caso de que no sea factible evitar la interrupción.

Finalmente, la Entidad resaltó que mantendrá su labor de vigilancia en aras de anticiparse a cualquier riesgo, su acompañamiento para los fines que las partes involucradas en el proceso consideren pertinente y la necesidad de articular un plan para que quienes se benefician de esta iniciativa no resulten perjudicados.