Para esta segunda semana de agosto, comienza el proceso de colaboración con la justicia de Nicolás Petro, quien fue dejado en libertad mientras continúa la investigación del caso al ser acusado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, un escándalo de corrupción que inevitablemente terminó salpicando la campaña de su padre, el presidente Gustavo Petro.

Una vez el juez 74 de control de garantías de Bogotá dejara en libertad al diputado del Atlántico y no acogiera la solicitud de casa por cárcel como lo había solicitado la Fiscalía General de la Nación, por "argumentación precaria", el juez no accedió a la petición del fiscal Mario Burgos y explicó que el ente acusador no cumplió con su deber de argumentar por qué no procedía una medida de aseguramiento no privativa de la libertad.

Sin embargo, Nicolás Petro, no puede tener contacto con ninguna de las personas mencionadas en el proceso, así como tampoco podrá salir del país ni asistir a reuniones políticas. Así mismo tendrá que acatar la medida Day Vásquez, quien también fue dejada en libertad.

En ese orden de ideas, tanto el hijo del presidente como su exesposa, tendrán que individualizar con pruebas en la mano, la responsabilidad de por lo menos 26 personas involucradas; también se definirá si existen o no méritos para iniciar nuevas investigaciones.

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Por su parte, el fiscal Mario Burgos, quien ha liderado el caso, se prepara para llamar a declarar a ese grupo de involucrados por las personas que habrían hecho aportes no declarados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y también al gerente de la campaña Petro Presidente, Ricardo Roa, quien hoy es el presidente de Ecopetrol.

Y es que según Nicolás Petro ha dicho que parte de la plata que recibió, fue usada por él para impulsar la campaña de su padre en el departamento del Atlántico. No obstante, en este punto debe haber una valoración clave de la justicia, porque tanto Petro Burgos como Days Vásquez han dicho que ni el entonces candidato Gustavo Petro, ni el gerente de campaña, Ricardo Roa, tuvieron conocimiento del ingreso irregular de los dineros de Hilsaca y Lopesierra a las arcas de la aspiración presidencial.