El presidente Gustavo Petro, acudirá el próximo viernes, ​11 de agosto, a la audiencia convocada por la Corte Constitucional, en la que expondrá las razones que justificaron la expedición del Decreto 1085 de 2023, el pasado 2 de julio, por medio del cual el Gobierno declaró ‘Estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira’ por un periodo de 30 días.

El mandatario intervendrá en horas de la mañana en la audiencia que tendrá lugar en el Palacio de Justicia, de Bogotá, para demostrar la grave crisis de carácter humanitario que enfrentan los habitantes del departamento de la Costa Atlántica y, en especial, la población del norte de la península guajira.

La audiencia se extenderá desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., y será presidida por la magistrada ponente, Natalia Ángel Cabo. La sesión incluye la participación de representantes de entidades públicas, miembros de la sociedad civil y expertos en materia de cambio climático.

Y es que, la situación de crisis en La Guajira se manifiesta en la falta de acceso a servicios básicos vitales, como consecuencia de la escasez de agua potable para el consumo humano; la crisis alimentaria, los efectos del cambio climático –agravados en los climas desérticos–, y los problemas energéticos por falta de infraestructura.

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“Creo que es absolutamente pertinente decretar la Emergencia Económica y Social, porque se avecina una calamidad pública, porque todas las probabilidades de los modelos climáticos, que las instituciones dedicadas a ese menester nos dicen, nos están anunciando con cada vez mayores probabilidades la cercanía de una sequía que nunca antes se había visto en La Guajira”, afirmó Petro el pasado 29 de junio en Riohacha.

En ese orden de ideas, con las medidas excepcionales el Gobierno busca garantizar la seguridad y soberanía alimentaria en La Guajira, mediante la financiación, comercialización, transporte, almacenamiento, venta o distribución de productos agropecuarios, y titulación de tierras.

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