Este jueves, 17 de agosto, la Procuraduría General de la Nación informó que le pidió un informe a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sobre los avances en las metas de acceso y formalización de la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, el ente de control confirmó que no son ciertos los resultados sustanciales apropiados por el actual gobierno, sino que, por el contrario, estos están muy por debajo de las cifras reportadas como logros.

De acuerdo con lo especificado en el informe remitido al ente de control, la realidad es preocupante, ya que de las supuestas 1.184.630 hectáreas que referenciaban haber formalizado, lo que realmente ha sido adjudicado por el gobierno actual con corte al 31 de agosto de 2023, son 269.321 hectáreas. 

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La respuesta dada al Ministerio Público por parte de la ANT también precisó que 641.727 hectáreas corresponden a la formalización y entrega de títulos resultado de la gestión de gobiernos anteriores, confirmando la deducción del ente de control sobre la imprecisión y falta de transparencia en la entrega de indicadores, los cuales no correspondían al periodo actual ni a los establecidos para su seguimiento, especialmente los relacionados con el registro de tierras, adjudicaciones de bienes fiscales, formalizaciones de predios privados, entre otros.

Finalmente, la Procuraduría confirmó que la información será revisada minuciosamente e incluida en el informe sobre el estado de avance de la implementación del Acuerdo de Paz que el ente de control radicará en el Congreso de la República, reiterando las acciones de seguimiento y control a los próximos reportes de la ANT.

Especialmente frente a la meta de los tres millones de hectáreas que deben entregarse a través del Fondo de Tierras y la de los siete millones de hectáreas que deben ser formalizadas, sin perjuicio de las actuaciones disciplinarias que resulten procedentes por las deficiencias en la información puesta a conocimiento de la ciudadanía.